Los constructores pierden 50 millones que reclamaban a la Xunta en Barreiros

El TSXG ha fallado contra todas las demandas en las que pedían indemnizaciones

En el 2006 se intentaron construir en la costa mariñana de Barreiros unas 5.000 viviendas
En el 2006 se intentaron construir en la costa mariñana de Barreiros unas 5.000 viviendas

Esqueletos de hormigón y promociones a medio hacer en las que abundan las telarañas son el legado del urbanismo desaforado que se practicó en el concello lucense de Barreiros, un municipio de 3.000 habitantes con ocho kilómetros de playas que en pleno bum de la construcción el alcalde, Alfonso Fuente (PP), postuló como candidato al Sanxenxo del norte. Pero no solo el ladrillo desbocado y el posterior pinchazo inmobiliario explican el caso de Barreiros, donde hubo, y sigue habiendo, más sombras que luces. Lo ocurrido hace doce años aún se depura ahora en los juzgados. La Xunta, de momento, se ha librado de indemnizar con en torno a 50 millones de euros a los constructores, mientras que el alcalde y los miembros de la Junta Local de 2006 y la arquitecta municipal están a la espera de conocer su sentencia tras haber sido juzgados a finales del año pasado por supuesta prevaricación urbanística.

El origen se remonta a 2006, cuando en Barreiros se habían presentado proyectos para construir unos 5.000 pisos. La Xunta, entonces el bipartito PSOE-BNG, intervino al considerar que no había servicios (capacidad de suministro eléctrico, abastecimiento de agua y saneamiento) adaptados a semejante volumen de viviendas. No faltaron entonces quienes aseguraron que la Xunta había elegido a Barreiros como cabeza de turco, para dar ejemplo ante los desmanes que se estaban dando por toda Galicia.

Lo que hizo el Gobierno gallego fue retirar al Concello las competencias para otorgar licencias de obra, anular las normas subsidiarias y publicar otras restrictivas, que en la práctica impedían construir nuevos edificios.

Era el año 2007, cuando comenzaban a palparse los primeros síntomas de la crisis del ladrillo. La Xunta no se quedó ahí. Presentó demandas para que se anulasen varias licencias de edificios que ya estaban en marcha, logrando que el juzgado ordenase paralizaciones cautelares. Fue la puntilla para el sector, porque los bancos cortaron el grifo de la financiación y las grúas, poco a poco, se pararon en Barreiros.

Legalizar los edificios

Con la crisis ya campando a sus anchas llegó el cambio de gobierno a la Xunta. Con el PP al frente se trató de buscar una solución y la elegida fue legalizar los edificios. Para ello, el Gobierno autonómico tuvo que renunciar a la vía judicial, retiró las denuncias y promovió un plan supramunicipal para dotar de servicios (traída, saneamientos, carreteras y frentes de parcelas) a las fincas donde se construía. En 2012 se anunció el convenio, con una inversión de 14 millones que financiarían Xunta (PP), Diputación (PSOE-BNG) y Concello (PP), con la aportación de los constructores. Este convenio sería después redimensionado, dado que solo se habían construido una parte de las urbanizaciones proyectadas. Y al final, diluido en el tiempo y en los cambios de gobierno, no se ejecutó.

Las querellas

Así se llegó a otra fecha clave: febrero de 2014, cuando el Tribunal Supremo dio la razón a un promotor y anuló la intervención realizada por la Xunta en 2007 en Barreiros. Lo hizo por un defecto de forma, sin entrar a valorar si había sido correcta. La reacción de los constructores (de los que quedaban, pues muchas empresas ya habían desaparecido) fue presentar una veintena de reclamaciones a la Xunta exigiendo indemnizaciones. Al ser ignoradas, los promotores presentaron querellas en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Sobre la Xunta pesaba la amenaza de tener que hacer frente, doce años después, a indemnizaciones de entre 40 y 50 millones de euros, quizás más, porque en algunas demandas no se estimaba la cantidad reclamada.

Pero uno tras otro, los fallos han ido cayendo del lado de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. El último que quedaba, salvo sorpresa pues se han ido conocido con cuentagotas, se supo esta semana. Era la demanda por mayor cuantía y la que, aparentemente, entrañaba mayor complejidad: una reclamación de Grupo Empresarial Melide en la que pedía 13,6 millones de euros. 

El tribunal dice que se crearon unas expectativas de futuro «totalmente desfasadas»

La primera demanda que ganó la Xunta se conoció hace un año. La había presentado un vecino de Barreiros, por no haber podido cerrar una venta de dos fincas por las que habría percibido algo más de medio millón de euros. Era algo habitual en 2006 en Barreiros, cuando promociones enteras se vendían sobre plano (muchas no llegarían ni a ejecutarse) y las fincas multiplicaban su valor día a día en cantidades escandalosas. En ese caso, el tribunal consideró que la parcela solo podría haber obtenido licencia para una vivienda unifamiliar.

Recursos en el Supremo

Firmas como Promoelja, Os Molineros, Pulpeiro Doval-Os Galopiños, House & Edificios y Alquileres, Enfoscadora Galega, Promociones Vila Benquerencia, Promociones Anguileiro, Pasillo Verde o Parque Empresarial Melide, entre otras, vieron cómo sus pretensiones caían en saco roto. En todo caso, varias ya han presentado recursos en el Supremo, con lo que el frente judicial sigue abierto.

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