Riesgo de prevaricación
La funcionaria sostuvo, frente a las afirmaciones de los encausados, que en la reunión informal mantenida en enero de 2006, antes de autorizar la primera licencia, expuso las consecuencias del cambio normativa que entraba en vigor, concluidos los tres años de transición. Era obligatorio diferenciar entre suelo urbano consolidado y no consolidado y, en este último, no podían ser concedidas directamente las licencias. Por tanto, ante cada solicitud, había que ver de qué tipo de suelo se trataba. Aseguró que explicó que dar los permisos sin cumplir los requisitos exigidos podía suponer que fuesen anuladas, y que su concesión podía llegar a tener consideración de prevaricación. De dicha reunión, cuya existencia niegan los políticos encausados, no hay acta porque tenía carácter informal, según aseguró la secretaria. Manifestó también que tenía serias dudas de que algunos de los ámbitos a desarrollar urbanísticamente fuesen realmente suelo urbano consolidado, dado que o carecían de servicios o estos no tenían suficiente caudal y potencia. De hecho, con respecto al suministro de agua, afirmó que llegó a pedir explicaciones al fontanero municipal, que asistió a una parte de la reunión informal.
La secretaria reconoció que, en algunos casos, las actas de las sesiones de la junta de gobierno tardaban algún tiempo en estar preparadas para la firma por el alcalde, debido al trabajo que había en el Ayuntamiento. También destacó que hubo ocasiones en las que no pudo emitir informe sobre algunas promociones porque la documentación le fue entregada el día anterior o en la misma jornada de la junta de gobierno. Uno de los letrados de la defensa le recordó que está afectada por una investigación judicial por falsedad en documento público y por cohecho.
