La exsecretaria de Barreiros dice que avisó al gobierno local de que las licencias podían ser anuladas

La secretaria del Ayuntamiento de Barreiros entre 1992 y 2012 le devolvió ayer la pelota al alcalde, Alfonso Fuentes, y a los cinco ediles que formaban la comisión de gobierno cuando concedieron las 45 licencias por las que se sientan en el banquillo en el Juzgado de lo Penal 2. El alcalde dijo en la primera jornada del juicio, el pasado lunes, que si concedieron las licencias fue porque la citada funcionaria les decía que los informes eran favorables. Ayer, la secretaria señaló que el gobierno dio luz verde a los permisos pese a que lo avisó de que podían ser anuladas. Lo hizo, según declaró, en una reunión informal, cuya existencia niegan los ediles, celebrada cuatro o cinco días antes de conceder la primera autorización, en enero de 2006.

La declaración más esperada en la jornada de ayer era la de la secretaria municipal. Señaló que en 2012 se tuvo que cambiar de destino por las presiones que sufrió del alcalde y de su entorno. Destacó que le fueron abiertos tres expedientes disciplinarios. A mayores fue denunciada en vía penal, una iniciativa que cree que tuvo «el impulso» del alcalde; dijo que el fiscal ha pedido el sobreseimiento.

Al explicar cómo se desarrollaban las reuniones de la junta de gobierno, enmendó algunas de las declaraciones de los políticos que se sientan en el banquillo. Así, aseguró que si los informes eran favorables, no se leían; por el contrario, si se señalaba algún tipo de condicionante, sí se leían.

Riesgo de prevaricación

La funcionaria sostuvo, frente a las afirmaciones de los encausados, que en la reunión informal mantenida en enero de 2006, antes de autorizar la primera licencia, expuso las consecuencias del cambio normativa que entraba en vigor, concluidos los tres años de transición. Era obligatorio diferenciar entre suelo urbano consolidado y no consolidado y, en este último, no podían ser concedidas directamente las licencias. Por tanto, ante cada solicitud, había que ver de qué tipo de suelo se trataba. Aseguró que explicó que dar los permisos sin cumplir los requisitos exigidos podía suponer que fuesen anuladas, y que su concesión podía llegar a tener consideración de prevaricación. De dicha reunión, cuya existencia niegan los políticos encausados, no hay acta porque tenía carácter informal, según aseguró la secretaria. Manifestó también que tenía serias dudas de que algunos de los ámbitos a desarrollar urbanísticamente fuesen realmente suelo urbano consolidado, dado que o carecían de servicios o estos no tenían suficiente caudal y potencia. De hecho, con respecto al suministro de agua, afirmó que llegó a pedir explicaciones al fontanero municipal, que asistió a una parte de la reunión informal.

La secretaria reconoció que, en algunos casos, las actas de las sesiones de la junta de gobierno tardaban algún tiempo en estar preparadas para la firma por el alcalde, debido al trabajo que había en el Ayuntamiento. También destacó que hubo ocasiones en las que no pudo emitir informe sobre algunas promociones porque la documentación le fue entregada el día anterior o en la misma jornada de la junta de gobierno. Uno de los letrados de la defensa le recordó que está afectada por una investigación judicial por falsedad en documento público y por cohecho.

Desde la Xunta

La entonces jefa de inspección de Urbanismo de la Xunta para Lugo y Ourense aseguró que empezaron a investigar al hilo de una información de prensa «en la que se reflejaba la situación en Barreiros por la falta de servicios». A la vista de la documentación, instaron una revisión de oficio de las licencias y, como el Concello no actuó, acudieron a la vía contenciosa. De los informes de la secretaria municipal, cree recordar que 10 fueron desfavorables por falta de servicios; en 10 casos no hubo informe y en casi 30 informaba en el sentido de suspender el procedimiento hasta la acreditación de que habían sido solventadas las objeciones expuestas. También destacó que la Xunta desistió de algunos contenciosos y que otros fueron archivados provisionalmente. Declararon también Hipólito Pérez Novo, que ejerció primero como inspector de Urbanismo y después como director de la APLU, y el exdirector general de Urbanismo Ramón Lueje.

La acusación particular ironiza sobre el desconocimiento que alega el alcalde

El colectivo ecologista Adega ejerce la acusación particular por medio de la letrada Montserrat Calvo. Ayer, antes del inicio de la segunda jornada del juicio, enjuició críticamente el contenido de la declaración del alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente. Indicó que parece que no se enteraba de las denuncias recibidas ni de los informes de la secretaria municipal en relación con las licencias que concedía. Calvo manifestó: «Según contestó a las preguntas, no sé cuál era su función. No sabía cuáles eran las funciones de los funcionarios del Registro cuando entraba una denuncia, no sabía si se la tenían que dar a él y dijo que la secretaria mandaba». Añadió: «En mi opinión, eso no es un alcalde. Es un señor que va allí y no sabe muy bien lo que hace si deja que los funcionarios manden en el Ayuntamiento».