¿Un aparcamiento de autocaravanas sobre un castro en Barreiros?

MariñaPatrimonio y Adega denunciaron ante el Seprona el uso del yacimiento y piden que se investigue el caso

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m.c.
barreiros / la voz

Los colectivos Adega y MariñaPatrimonio denunciaron ante el Seprona la utilización del Castro da Punta de San Pedro de Benquerencia, en Barreiros, como aparcamiento de autocaravanas. Aseguran que el castro es un bien patrimonial, incluido en el catálogo de las normas subsidiarias de planeamento del Concello y su cualificación urbanística es de suelo no urbanizable y de protección patrimonial.

Estas normas subsidiarias otorgan al yacimiento de San Pedro una protección que, según las dos asociaciones, no es compatible con el uso de ser aparcamiento para estos vehículos, ni tampoco lugar de tránsito para ellos, ya que la práctica puede provocar daños en este yacimiento histórico. Desde Adega y MariñaPatrimonio defienden la incompatibilidad de esta práctica con la normativa urbanística, y, según explican en su comunicado, sospechan de que se estén llevando a cabo sin contar con las licencias y autorizaciones necesarias. Por eso solicitan «que se comprobe se o uso que se está a dar no Castro da Punta de San Pedro é conforme á legalidade e que, no caso de non selo, se paralicen as actuacións contrarias».

El alcalde dice que la finca no es una de las habilitadas por el Concello como párking

El alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, explica que la finca que está funcionando como supuesto aparcamiento de autocaravanas no pertenece al Concello. Recalca que es una propiedad privada. Por ello, desde el Gobierno municipal no pueden actuar ante este uso. «O Concello de Barreiros ten habilitadas outras fincas como aparcadoiros noutras zonas de municipio, pero non esa en concreto. Por iso, non podemos facer nada para evitar que se estean aparcando aí», reitera el alcalde.

Señala que la propiedad está abierta, sin cerco, y es por eso que los propietarios de turismos y autocaravanas la están usando para estacionar sus vehículos, pero las competencias para prohibir estas acciones no son del Gobierno municipal. «En todo caso, de haber algo ilícito, terá que actuar o organismo correspondente», concluye Fuente.

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