Si bien es cierto que no existe una sociedad ideal tampoco en consecuencia hay una Constitución perfecta y mucho menos una ley electoral que satisfaga las aspiraciones de candidatos y votantes en su totalidad. Pero también es cierto que, si el disfrutar de tal utopía es ilusorio, sí que ansiamos el aproximarnos lo más posible a tales objetivos.
La Ley Electoral Española, a mi juicio, no valora ni premia a la candidatura más votada, y en múltiples ocasiones se da la circunstancia que opciones Políticas con una representación muy minoritaria establezcan las líneas de gobierno, condicionen al equipo gobernante, ejerzan su influencia e incluso lleguen a chantajear al propio Gobierno y consecuentemente a la ciudadanía.
Recuerdo que en los años ochenta en el Congreso, comentando estos aspectos con D. Rodolfo Martín Villa, me explicó que dentro de los distintos asuntos que D. Fernando Abril Martorell de UCD y D. Alfonso Guerra del PSOE, trataban al objeto de propuesta de D. Fernando era la modificación de la Ley Electoral en el sentido de que al partido más votado se le premiase con un número a mayores de escaños, algo similar al sistema griego y portugués. Lo cierto es, que por unos motivos o por otros, esta reforma no se produjo y a mi entender su aplicación hubiese facilitado la gobernanza de España y evitado los chantajes que estamos contemplando.
A mi entender, uno de los sistemas electorales que más comprometen al parlamentario con su electorado y más conocimiento y cercanía tiene el elector de la persona que elige es el Inglés, sin que ello merme la pertenencia de un Parlamentario a un partido ni su lealtad al mismo, pero prevaleciendo los intereses de los ciudadanos de su distrito a los de cualquier otro.
Este sistema, condiciona al candidato a vivir en el distrito electoral en el que se postula para el cargo de forma y manera que los ciudadanos del distrito tengan fácil acceso a sus representantes y puedan plantearle sus ideas y exponerle sus problemas y necesidades. Por el contrario, vemos que con nuestro sistema electoral existe una creciente sensación de frustración entre muchos ciudadanos ante una práctica que, aunque legal, resulta difícil de comprender y justificar desde el punto de vista de la representación política. Nos referimos a aquellos parlamentarios que se presentan por una circunscripción electoral, solicitan el voto de sus ciudadanos en nombre de sus dificultades e intereses, pero que, una vez elegidos, desarrollan su vida personal y política de forma permanente en la Metrópoli, alejados de la realidad cotidiana de quienes les otorgaron su confianza.
La democracia representativa no consiste únicamente en obtener un escaño. También implica mantener un vínculo constante con el territorio al que se representa, conocer sus necesidades, escuchar a sus vecinos y defender sus intereses con convicción. Cuando ese contacto desaparece o se reduce a visitas esporádicas y actos protocolarios, muchos ciudadanos sienten que sus representantes han dejado de ser verdaderamente accesibles.
La cercanía, la ejemplaridad y la rendición de cuentas son elementos esenciales para recuperar la credibilidad en las instituciones. Los ciudadanos esperan, representantes comprometidos con su territorio, no meros candidatos de partido colocados en una lista electoral. Por ello partidos políticos, quienes confeccionan las listas han de tener en cuenta esta circunstancia dada la importancia que tiene para los ciudadanos el poder acceder a sus representantes.
La representación política debe ser algo más que una formalidad administrativa. Debe ser un compromiso real con las personas que depositan su confianza en las urnas. Y quizás haya llegado el momento de abrir un debate sereno sobre si nuestro sistema favorece suficientemente esa proximidad y si garantiza la gobernabilidad de la nación, o si, por el contrario, consiste en simples plataformas electorales al servicio de estrategias partidistas. Como vemos que está ocurriendo a lo largo de esta legislatura y sobre todo en estos últimos días.
La democracia se fortalece cuando los representantes permanecen cerca de sus representados, dan cuenta de su gestión, respetan la ley y la separación de poderes y contribuyen al bien común del país.
* César Aja Mariño. Ex alcalde de Viveiro y ex diputado y senador.