El Alto tribunal rechaza la medida cautelar pedida por Ecoloxistas en Acción, que pedía frenar también la tramitación de la ampliación del depósito por los riesgos medioambientales
30 nov 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado por la asociación Ecoloxistas en Acción contra la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, por lo que rechaza adoptar una medida cautelar para suspender la actividad del depósito de barros rojos (DBR) de Alcoa y cancelar la tramitación de la ampliación de dicha balsa de lodos, ubicada en Xove.
El grupo ecologista reclamaba en su recurso, al que se opusieron la Xunta, Alúmina Española y el comité de empresa de Alcoa San Cibrao, defendido por el abogado Roberto Guerra, la paralización de la actividad de la balsa de lodos y el trámite para aumentarla a la cuota 104 (104 metros) «en tanto no se regularice su situación y se actualice el Plan de Emergencia Exterior» del DBR, que data del año 2012.
Alegaba Ecoloxistas en Acción la existencia de una inactividad administrativa por parte de la Xunta, en relación a un informe técnico presentado por la agrupación el pasado 5 de febrero. Señalaba la demandante que la balsa de lodos «implica un grave peligro para la salud de la ciudadanía y los ecosistemas». Una posible rotura del depósito de barros rojos «no es una cuestión baladí, y más teniendo en cuenta que el plan de emergencia exterior de la instalación fecha del 2012 y no fue adaptado a las modificaciones sustanciales operadas», argumentaba. Así, consideraba que a la vista de dicho documento, el Gobierno autonómico debía exigir a Alcoa «adoptar las necesarias medidas de prevención, evitación o reparación de los daños medioambientales, iniciando si fuese necesario un procedimiento de responsabilidad medioambiental». De este modo, resaltaba la demandante, el Ejecutivo gallego «no dio cumplimiento de lo solicitado en el plazo de tres meses».
El TSXG entiende que no hubo tal pasividad. El Alto tribunal gallego señala que «lo procedente» es tener en cuenta la solicitud realizada el 5 de febrero por Ecoloxistas en Acción dentro del trámite de autorización de la ampliación de la balsa de lodos, «a efecto del procedimiento de evaluación ambiental (…) No estamos ante un escrito que de forma inmediata requiriera una respuesta material autónoma, en orden al cese de una actividad que cuenta con autorización vigente», razona.
Además, recuerda que la agrupación ecologista presentó alegaciones al mencionado expediente «fuera de plazo», y pese a todo fueron admitidas por la Xunta, lo que no casa con una supuesta inactividad.
En cuanto a los perjuicios del interés general, el TSXG subraya que la asociación ecologista «alude a potenciales afecciones genéricas» derivadas del funcionamiento o la ampliación de la balsa de lodos, «más que a un daño ambiental de efectiva constancia y específicamente asociado al DBR (…) Es innegable que la propia dinámica de la actividad industrial (…) presenta riesgos medioambientales, (…) pero la aplicación de los principios de precaución y prevención invocados no permiten acceder a la medida cautelar», manifiesta.
Y hace hincapié, al contrario, en que «la balsa de lodos está directamente vinculada a la actividad industrial», porque «el funcionamiento de la planta de alúmina exige disponer de una instalación en la que depositar los residuos producidos, y cualquier incidencia o limitación tendrá indefectiblemente una repercusión directa en la actividad» tanto de la refinería como de la planta de aluminio. En este sentido, aunque la segunda está parada prácticamente en su totalidad desde enero del 2022, a la espera de que Alcoa cumpla con su compromiso de reiniciar al completo la producción, el TSXG resalta que «suprimir la posibilidad de utilización de dicha balsa supone paralizar la única actividad del complejo que está teniendo niveles de producción significativos y por tanto genera ingresos», y también «poner en riesgo» lo firmado por la empresa, lo que tendría consecuencias sobre «950 empleos directos y 450 indirectos».
Ecoloxistas en Acción expuso que Alcoa había iniciado trabajos de movimientos de tierra que están ampliando el dique de cola de la balsa de lodos. La Xunta no niega este punto, pero lo desvincula del proyecto para aumentar el DBR a cota 104, y señala que las obras se corresponden «con acciones amparadas y propias de la cota 100». Además, aporta un informe del Servizo de Enerxía e Minas, que realizó una inspección el 23 de febrero del 2024, en la que no detectó «filtraciones ni rendijas relevantes» ni «problema alguno de estabilidad».
El TSXG ve «desproporcionado» justificar la medida cautelar en la proximidad a la Red Natura 2000, un factor que «no es novedoso», o en «problemas en el estado del cierre perimetral y la balsa de lavado de ruedas», que sí podrían basar «una petición de reparación» de esas cuestiones. En cuanto a la falta de actualización del plan de emergencias, tampoco es suficiente para el Alto tribunal, puesto que el DBR «cuenta con un procedimiento ante rotura de la presa a cota 100 (…), por lo tanto se trata de un riesgo existente y evaluado».
La Xunta emitió posteriormente a la decisión sobre este recurso, declaración de impacto ambiental favorable a la ampliación de la balsa de lodos de Alcoa.
La reunión entre Alcoa y comité el 2 de diciembre será en San Cibrao
El comité de empresa de Alcoa confirmó que, finalmente, la segunda reunión bilateral con la empresa para abordar el plan anunciado con la energética Ignis Equity Holdings se celebrará el 2 de diciembre en el complejo industrial de San Cibrao, en Cervo.
En este sentido, el comité puntualiza que el encuentro del próximo lunes entre empresa y trabajadores, «nada tiene que ver» con las reuniones de seguimiento del plan de viabilidad.
Por otro lado, el comité de empresa ha recordado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «el compromiso» de acudir a la reunión de seguimiento que se celebrará el 9 de diciembre en Madrid.
Rueda condiciona estar en el foro multilateral a que asistan también el ministro de Industria, Jordi Hereu, y la nueva ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. La presencia de los tres, presencial o por videoconferencia, «dejaría claro» el posicionamiento de las Administraciones sobre la factoría y «el futuro» de A Mariña Lucense, argumenta el comité de empresa de Alcoa.