España es una democracia representativa. Los ciudadanos ? que tenemos nuestros trabajos o quehaceres diarios ? no tenemos tiempo, recursos ni información para decidir sobre todos y cada uno de los pormenores que se legislan y deciden en todo el territorio nacional. Por ello, ejercemos el poder político, es decir, delegamos la labor de legislar, en un grupo de personas a las que elegimos como nuestros representantes mediante sufragio.
Así, estos representantes acceden al Congreso de los Diputados agrupados en partidos políticos. Los ciudadanos, libremente votamos a los partidos que entendemos que más se ajustan a nuestra ideología, nuestro parecer o que creemos que mejor representarán nuestros intereses. Por ello, existe un reparto territorial, y los partidos presentan candidatos por cada una de las provincias que conforman el territorio nacional. La idea que subyace es que los intereses de todos los ciudadanos en función del territorio en el que viven deben estar representados en el órgano legislativo nacional. Se entiende que los ciudadanos, como el que escribe, que vivimos en la provincia de Lugo, tenemos derecho a que se tenga en cuenta nuestras opiniones y que se defiendan, por ello delegamos en nuestros representantes. Al igual que los habitantes de Soria, de Albacete o del resto de provincias.
Al hilo de esto, recientemente escuché en la radio a un presidente socialista de una comunidad autónoma manifestando su oposición a un referéndum de independencia en Cataluña, así como a la amnistía que los partidos separatistas catalanes exigen para votar como presidente a Pedro Sánchez. Sorprendentemente, al ser preguntado por cuál cree que sería el sentido del voto de los diputados que representan en el Congreso a los habitantes de su comunidad, oigo con estupor, “que bueno… que todo el mundo sabe que los ciudadanos prácticamente no conocen a los diputados que los representan y que el partido (es decir, el líder) es el que marca las directrices”.
Entiendo que esta postura es justo la contraria a la que debe mantener un representante público de un partido de ámbito nacional. Este tipo de actitudes son las que generan desafección entre los ciudadanos. Cuando se usa el término “representante político” quiere decir exactamente eso, que representa a los ciudadanos de su provincia le hayan votado o no, no que se entrega a la ambición por el poder de un líder a costa de lo que sea. De no ser así, ¿para que se les ha votado?
La cuestión aquí es si las personas que representan a los ciudadanos de la mayor parte de las provincias de España están dispuestas a ceder al chantaje y la conveniencia de unos sediciosos, malversadores, prófugos y defraudadores y cuyas exigencias hemos de pagar todos, económica, jurídica e institucionalmente.
Desgraciadamente, existe cierta tendencia actualmente a que algunos políticos entiendan que el hecho de haber sido elegidos les da derecho a decidir sobre todos y cada uno de los ámbitos de un territorio y de sus ciudadanos, y si hace falta saltarse las leyes o subvertirlas si cabe. Esto no debe ser así en las democracias liberales, estas actitudes acaban llevando a regímenes populistas y autoritarios.
Ante el escenario actual, en el que personas condenadas por malversar fondos públicos y por revelarse en contra el orden legal, exigen la amnistía, la eliminación de la malversación y la condonación de la deuda actual, 72.000 millones de euros más la “histórica” 450.000 millones de euros (lo que supondría para cada gallego el pagar a mayores 11.200€). Los diputados que pretendan apoyar este dislate deberían reflexiona sobre, en qué situación de debilidad quedan las instituciones, en qué situación quedan los principios democráticos, y en qué situación queda la confianza de los ciudadanos en las leyes de su país.
Y mucho me temo que esto quede aquí, pues además del referéndum de autodeterminación no tardaremos mucho en ver como Bildu solicita la amnistía para los asesinos del ETA y sino al tiempo.
Así, me hago unas preguntas desde la provincia de Lugo, que son extensivas al resto de provincias, ¿en qué representa el diputado socialista a sus votantes apoyando una amnistía o un referéndum de independencia de Cataluña?, ¿en qué defiende los intereses de los ciudadanos de su provincia?
Supongo que para muchos diputados socialistas será un enorme dilema decidir entre amnistiar al prófugo Puigdemont o mantener con dignidad lo que el Partido Socialista ha defendido durante toda su historia.
Espero que muchos diputados socialistas reflexionen con la clarividencia y sosiego que este asunto concita, puesto que en su decisión está el futuro de los gallegos y resto de españoles.
* César Aja Mariño, exalcalde de Viveiro, exdiputado y exsenador.