Las Administraciones actúan con «sumisión total» ante Alcoa, denuncia el comité

A MARIÑA

José Antonio Zan, presidente del comité, en una manifestación nocturna
José Antonio Zan, presidente del comité, en una manifestación nocturna XAIME RAMALLAL

El PP exige que la SEPI actúe como intermediaria en la venta de la planta y anuncia enmiendas a los PGE con ayudas por 600 millones a las electrointensivas

17 nov 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, denunció la «sumisión total» de la Xunta de Galicia y el Gobierno central ante la multinacional, después de que en la reunión entre el presidente del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, y la ministra de Industria, Reyes Maroto, se hablase «poco o muy poco» de una «verdadera solución» al conflicto laboral, que pasa por «la intervención pública» de la planta de aluminio.

Zan resaltó que Maroto «no abrió la boca» sobre una posible mediación del Estado para facilitar la venta de la fundición, lo que entiende que es «esperpéntico» y debería llevar a los responsables de la Administración pública a «reflexionar».

La representación de los trabajadores lamenta que el ministerio de Industria «se limita a decir que la culpa de todo es de Alcoa». Maroto aludió a una «pérdida de confianza» en la multinacional, a la que instó a vender y abandonar el país, pero en esa tesitura los sindicatos reclaman al Ejecutivo central que tome medidas. «Da la sensación de que, si la empresa quiere, puede hacer con nosotros lo que le venga en gana», afirmó el sindicalista.

El personal, que sigue en huelga indefinida, se reunió ayer con dirigentes del PP. Acudieron a la cita el vicesecretario de Participación de la formación, Jaime de Olano, el secretario general del grupo parlamentario en el Congreso, Guillermo Mariscal, el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, y la presidenta provincial del partido conservador, Elena Candia.

De Olano recordó que la participación de la SEPI para facilitar la venta de Alcoa a un inversor industrial que garantizase la actividad en la fábrica de aluminio primario fue un «compromiso de Pedro Sánchez y de la ministra Maroto», así como «del PSOE, tanto en el Parlamento gallego como en el nacional».

Por ello, acusó a los socialistas de «haberse olvidado de su promesa y de haber convertido el futuro de Alcoa en una mentira más del Gobierno, que actúa con soberbia y demagogia».

Mariscal explicó que las enmiendas del PP a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluyen ayudas por 600 millones de euros para la industria electrointensiva.

«Para que la transición energética sea justa, es necesario que se garantice también la industria básica del aluminio, porque un país sin industria no está capacitado para salir de la crisis económica», argumentó.

Industria anuncia 179 millones en ayudas al CO2 para 170 firmas

El Ministerio de Industria anunció ayer la adjudicación de 179 millones en ayudas relativas al mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero correspondientes a 2020. Desde la gran industria se solicitaron 210 subvenciones: 170 fueron atendidas. El plazo previsto para el pago de las compensaciones es el mes de diciembre.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, resaltó que este es uno de los mecanismos para «minimizar el impacto que la subida de del precio energético está teniendo en la industria». Entre ellos, argumentó, está «la bajada del IVA y la suspensión temporal del impuesto especial a la electricidad, que reduce un 60% la factura», y las «compensaciones de los cargos asociados a las renovables y las ayudas extrapeninsulares, uno de los instrumentos de carácter permanente en el estatuto del consumidor electrointensivo y que actúa sobre los costes fijos del sistema».

La empresa, sobre el futuro de la fábrica: «No depende solo de nosotros»

La multinacional, que evita pronunciarse sobre posibles contactos con el Gobierno, insiste en que la planta de San Cibrao es «inviable» sin un «marco energético competitivo», una situación que continuará «con Alcoa o sin Alcoa», y en esta premisa se escuda para asegurar que el futuro de la planta de aluminio de San Cibrao «no depende solo de la empresa».

Tras tumbar el Tribunal Supremo el ERE que Alcoa pretendía aplicar en San Cibrao, la empresa reiteró la «inviabilidad» de la fundición sin un abaratamiento de la luz. Esgrime ese mismo argumento para negarse a vender la planta directamente a un comprador, como reclama el Gobierno central. Así, insiste en los «riesgos» derivados de vender «una planta no competitiva» para frenar una operación.

Sostiene la empresa que «todos los potenciales compradores» de la electrolisis «presentaron propuestas no vinculantes que pedían garantías de un marco energético, siempre con el supuesto de que la SEPI fuese el primer adquiriente de la fábrica».

«Hemos mantenido la voluntad de buscar una fórmula para una venta», alega Alcoa, una postura que el Supremo rebate en su sentencia. La firma lamenta que San Cibrao «consume el 1,5% de la energía eléctrica del Estado» mientras «no puede sacar producto por la huelga».