Maroto anuncia el compromiso de Alcoa de desbloquear la venta y fija como fecha tope el 30 de septiembre

RAMÓN GONZÁLEZ VIVEIRO / LA VOZ

A MARIÑA

PEPA LOSADA

La multinacional responderá en dos semanas a una propuesta de acompañamiento por parte del Estado para verificar la solvencia del comprador de la planta de San Cibrao

20 jul 2021 . Actualizado a las 09:31 h.

Alcoa evaluará en un plazo de dos semanas una oferta de ayuda pública por parte del Gobierno para que la compañía venda directamente a un tercero la planta de aluminio de San Cibrao. La multinacional no compromete un traspaso sin la mediación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), excluida de la ecuación.

Es el resultado de la reunión mantenida este lunes en Pittsburgh por la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el presidente de Alcoa, Roy Harvey, a fin de desbloquear el proceso de venta de la única planta de aluminio primario que queda en España.

A primera hora de la tarde, Maroto anunció que el máximo responsable de Alcoa se había «comprometido a desbloquear el proceso de venta» de la fábrica. La ministra fijó como «objetivo» que el traspaso de las instalaciones «se anuncie como muy tarde el 30 de septiembre».

La titular de Industria manifestó que el Ejecutivo está dispuesto a «ofrecer» a la empresa «las herramientas de acompañamiento públicas» para «ayudar a verificar que el comprador sea solvente» y «que lo haga en el menor tiempo posible».

La SEPI, fuera de la ecuación

Así, explicó que formuló a Alcoa una propuesta «consensuada con la Xunta y con los sindicatos», a la que Harvey responderá «en las próximas dos semanas». La proposición, precisó, implica el apoyo del Gobierno en «los planes industriales y laborales que acuerden la parte compradora y vendedora» y también para afrontar «los posibles riesgos sobrevenidos de la decisión de venta». La oferta incluye «líneas de ayudas públicas que se pueden aplicar tanto al plan industrial como al energético», añadió.

El conflicto laboral que tiene en vilo a la comarca de A Mariña —que teme por 2.000 puestos de trabajo directos solo entre el complejo productivo y su industria auxiliar, con casi una treintena de empresas— dura «demasiado tiempo», lamentó Maroto, que instó a Alcoa a «cerrar esta historia y empezar a hablar del futuro de la comarca».

La ministra incidió en que debe ser Alcoa quien elija comprador. Así, indicó que Xunta, centrales sindicales y el propio Gobierno «exigimos a la empresa que evalúe las cuatro ofertas de compra que ha recibido».

Maroto reiteró el «compromiso» del Gobierno con los puestos de trabajo y las capacidades productivas de San Cibrao, pero matizó que el Ejecutivo ha puesto «una serie de condiciones» para que la multinacional «elija a un comprador solvente».

En este sentido, afirmó que Harvey reconoció durante el encuentro que «está dispuesto a vender directamente a terceros».

La empresa corrige a Industria

Sin embargo, a través de un comunicado, la multinacional negó tal compromiso. «Harvey no se comprometió a realizar una venta directa a un tercero», sostuvo la empresa, asegurando «lamentar» que el Ejecutivo «no incluya» en su propuesta «una venta directa a la SEPI».

La compañía ha insistido en que la SEPI triangule la venta y seleccione al nuevo propietario tras los dos reveses judiciales recibidos: la declaración de nulidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que pretendía aplicar en San Cibrao y la condena de la Audiencia Nacional por elegir un comprador especulativo para Avilés y A Coruña.

Alcoa, que mantiene la vía judicial para aplicar el despido colectivo, sobre el que decidirá el Supremo, asegura que la triangulación de la planta a través de la SEPI ofrecería «garantías» ante «los riesgos de vender plantas inviables en las que el vendedor es el que contribuye económicamente en la transacción, a pesar de contar con la supervisión de todos los actores involucrados en el proceso».

La multinacional insiste, además, en que «la inviabilidad» de la planta «tiene relación directa con la falta de competitividad del marco energético en España, que aún no ha sido resuelto por el Gobierno español».