El Gobierno aprueba al fin el estatuto electrointensivo, clave para que la fábrica de aluminio de San Cibrao siga funcionando

El Consejo de Ministros dio el visto bueno este martes al marco jurídico y económico que proporcionará «seguridad y certidumbre» a empresas industriales como Alcoa

Trabajadores de la fábrica de aluminio de San Cibrao movilizándose ante la factoría
Trabajadores de la fábrica de aluminio de San Cibrao movilizándose ante la factoría

Cervo

 El Consejo de Ministros ha aprobado este martes mediante un Real Decreto el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos que dota a determinadas empresas industriales, en concreto a aquellas para las que el coste del suministro eléctrico resulta especialmente crítico, de un marco jurídico y económico que proporciona seguridad y certidumbre de los costes energéticos y mejora su competitividad internacional, todo ello de conformidad con la normativa comunitaria.

El citado estatuto puede ser clave en la viabilidad de la fábrica de aluminio de San Cibrao, inmersa desde mediados del 2020 en una crisis que amenaza su continuidad. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia delibera en este momento sobre la posible nulidad del ERE (expediente de regulación de empleo) planteado por Alcoa para 524 trabajadores de la planta de aluminio. El elevado coste de la energía eléctrica ha sido, desde el principio, el principal argumento esgrimido por la multinacional estadounidense para justificar el citado ERE.

Para la ministra de Industria, Reyes Maroto, «el Estatuto del Consumidor Electrointensivo es un instrumento de política industrial con el que el Gobierno de España mejora la competitividad de la gran industria y favorece la inversión industrial al contar las empresas, por primera vez, de un marco normativo de reconocimiento a estos consumidores, con nuevos instrumentos que ofrecen mayor estabilidad, seguridad y certidumbre del precio de la energía. El Estatuto va a beneficiar a 612 empresas de más de 60 actividades industriales y unos 300.000 trabajadores, y junto con las Ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2 y el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, supondrán un nuevo marco legal al servicio de la gran industria».

En un comunicado enviado a los medios por el ministerio, la ministra Maroto recuerda que «los principales países de la UE ya han puesto en marcha marcos normativos de reconocimiento a estos consumidores, por lo que es necesario que nuestro país ponga en marcha el Estatuto del Consumidor Electrointensivo para corregir la desventaja competitiva que origina a las industrias que operan en nuestro país no contar todavía con un marco de esta naturaleza».

Objetivos del Estatuto

Los objetivos principales del Estatuto son dotar a los consumidores electrointensivos de un marco jurídico y económico para el suministro eléctrico que les ayude a mitigar los efectos adversos de sus altos costes energéticos, conforme a la normativa comunitaria, y potenciar la competitividad de la industria, el crecimiento económico y el mantenimiento y generación de empleo de calidad.

El Estatuto, detallan desde el ministerio, impone obligaciones y compromisos a las empresas en los ámbitos de eficiencia energética, I+D+i y sustitución de fuentes contaminantes, que los consumidores electrointensivos habrán de asumir para optar a los mecanismos destinados a la reducción de los costes energéticos. Cabe destacar también la obligatoriedad de mantener la actividad productiva durante un período de al menos tres años, a partir de la fecha de concesión de las ayudas.

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