Seamos sinceros: jamás creímos que el problema de Alcoa en San Cibrao llegaría al punto de amenaza actual. A 4 de diciembre y a veintiún días para Navidad, los jueces del TSXG deben decidir si el proceso de despido que Alcoa inició en mayo se ajustó o no a la ley. Un proceso judicial iniciado por los sindicatos, y al que se han presentado la Abogacía del Estado y la Xunta de Galicia como partes, todavía no sabemos muy bien de qué. Pues el abogado del estado rehuyó una posible intervención estatal hasta el final del proceso, por considerarlo una medida muy extrema. El letrado justificó su presencia en la sala por la condición de estratégica de la fábrica de San Cibrao. No obstante, a día de hoy el Consejo de ministros sigue sin otorgar esta categoría de bien de utilidad pública a la fábrica en particular, o al aluminio primario en general. Premisa por la cual podría darse una expropiación llegado el momento, en aplicación de los artículos 33 y 128 de nuestra Constitución.
Sabemos además que Alcoa presentó el ERE en San Cibrao alegando pérdidas millonarias debido al precio de la energía en España y al precio mundial del aluminio. Estos argumentos se desmontan en la actualidad con un coste de la luz en mínimos históricos y del aluminio en el valor más alto desde el inicio de la pandemia, a más de dos mil euros la tonelada. Así, la empresa de San Cibrao no solo no tendría pérdidas, sino que presentaría una cuenta de resultados positivos. Sabemos además que Alcoa acaba de cerrar la venta millonaria en Estados Unidos de su negocio de laminación, lo que ha disparado sus acciones hasta los 21,83 dólares, en un máximo anual. ¿Cómo sostener entonces un ERE y el cierre en San Cibrao por las pérdidas que supone para sus accionistas?
Los argumentos para despedir a más de mil trabajadores en A Mariña y para sentenciar a muerte a la comarca se diluyen como un azucarillo, pero Alcoa sigue empeñada en apagar las cubas y en no vender la planta. Los sindicatos denunciaban esta semana el abandono de las instalaciones de aluminio y de alúmina, y la negligencia del departamento de recursos humanos a la hora de cubrir puestos de trabajo esenciales que han causado baja; una maniobra que podría sonar al desmantelamiento alevoso de la última fábrica de aluminio primario de España. Mientras tanto, nuestros gobernantes parecen muy ocupados en dar luz verde a los presupuestos, en organizarnos las comidas de navidad y en adelantarnos el calendario de vacunaciones. Por cierto, habría que recordarles a nuestros conselleiros y ministras que para elaborar y envasar la vacuna de la Covid-19 que salvará al mundo, hará falta sulfato potásico de aluminio, sulfato de aluminio e hidróxido de aluminio, además del propio metal para su envasado y conservación. Y aún así, el aluminio sigue sin figurar como sector estratégico en el BOE, y seguimos sin aquel prometido, y siempre añorado, Estatuto de Consumidores Electrointensivos, tan esencial para futuros proyectos en España.
En 1998 Aznar malvendió en un negocio ruinoso, según palabras del presidente de la SEPI, las fábricas de aluminio a Alcoa. En 2019, la actual Ministra de industria, Reyes Maroto, dijo vivir: «Un día para la satisfacción y la esperanza», tras supervisar y garantizar el proceso de venta a Parter, un grupo inversor suizo, de las fábricas de A Coruña y Avilés, dos de las tres últimas alumineras del país. Un negocio que ya sabemos cómo resultó y que ha obligado a los trabajadores, una vez más, a defenderse en los juzgados. Así, los ciudadanos contemplamos inquietos a derechas e izquierdas competir en desinterés y negligencia a la hora de proteger el sector secundario de este país. Un sector que sobrevive a duras penas gracias a su clase obrera, que lo mantiene vivo a fuerza de demandas y barricadas.
A Mariña, con su espíritu comunitario de lucha, parece haberse convertido en la última esperanza de una industria olvidada y maltrecha por ideologías, partidos y administraciones. Sabemos que las esperanzas de muchas compañeras están de nuestro lado, y que no solo nos jugamos la supervivencia de esta tierra. Avisamos por tanto a consellerías y ministerios de que A Mariña no se rendirá después del juicio del día 3 de diciembre. Si las administraciones no nos defienden, nos defenderemos nosotros.
Italia, Alemania y Francia nacionalizan sus empresas estratégicas en defensa de la industria, pero en España la defienden los trabajadores en la calle y en los tribunales. Señoras y señores ministros, nuestro deber es fabricar aluminio, acero, coches, barcos, etc., y no velar cada día por el interés público general. Para eso les pagamos, y muy bien, a todos ustedes.