Pendientes de Bruselas y Londres

S.O. VIVEIRO/ LA VOZ

A MARIÑA

Foto de archivo de un pincheiro de Gran Sol descargando en el puerto de Celeiro
Foto de archivo de un pincheiro de Gran Sol descargando en el puerto de Celeiro XAIME RAMALLAL

La UE aún decide a fin de año la pesca del siguiente, que en el 2021 puede variar el «brexit»

20 nov 2020 . Actualizado a las 11:21 h.

Aunque la precaución ante la pandemia y la responsabilidad de anteponer la salud haya motivado la cancelación del congreso pesquero de Celeiro, los profesionales del sector han estado al pie del cañón los más de ocho meses que el covid-19 lleva machacando la sociedad y la economía mundial. Asumiendo riesgos y pérdidas por garantizar el suministro de un alimento básico y esencial como el pescado, todos y cada uno de los que hacen posible que llegue del mar a la mesa suman a esos reveses imprevistos los cotidianos. Anteriores al virus, pero también de desenlace incierto, son dos asuntos que se iban a abordar en el simposio de Celeiro. Cada fin de año se decide en Bruselas cuánto podrán producir los pescadores, dónde y cómo. Y en este 2020 ese tira y afloja podría complicarse todavía más porque el brexit sigue en el aire, en un horizonte que desde Londres parecen querer teñir de negro, quizás minusvalorando cómo puede descargar sobre ellos su propia tormenta.

Sobre el tapete de esa mesa de la UE que numerosos pescadores y dirigentes del sector comparan con una partida de tahúres hay cartas con recortes de cuotas. Menos posibilidades de capturas para un 2021 en el que la galopante crisis económica provocada por la pandemia multiplica las voces que, aunque solo sea para paliar los zarpazos del covid-19, piden pensar más en los pescadores que en unos peces cuya supervivencia no corre peligro ni a corto ni a medio plazo. Quieren que a las mujeres y los hombres que viven de la pesca se les aplique ese principio de precaución que tantos tijeretazos les ha dado. Sin descuidar la fauna marina ni la explotación sostenible de los recursos, se rermiten a los informes científicos conocidos para sostener que hay margen para no aplicar recortes y permitirles contribuir a la recuperación.

Idéntico criterio defienden ante el divorcio del Reino Unido: que la UE pelee con todas sus armas para seguir como están, pescando en sus caladeros históricos, los quieren apropiarse los británicos. Sobre «la gran incógnita del brexit» versaba la charla que iba a pronunciar en Celeiro Gerad van Balsfoort, presidente de la Alianza Pesquera Europea (EUFA, por sus siglas en inglés). De las cuotas se habla siempre.

Más control con El Gran Hermano

Que la UE, en general, y España, en particular, ejerzan de abanderados en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada crea un escenario en el que abundan los armadores y tripulantes que se sienten culpabilizados por intentar vivir de su trabajo. A todos los mecanismos de control actuales, que, por ejemplo, permiten a cualquiera saber la ubicación de un pesquero usando solo su móvil, la UE quiere extender a gran parte de la flota comunitaria El Gran Hermano. Así han bautizado sus detractores al sistema de monitorización electrónica que incluye cámaras a bordo para controlar desde tierra cuánto pescado capturan y de qué tipo y tamaño.

Ya empleado en barcos que con él acreditan su juego limpio, sobre la monitorización «como apuesta estratégica en la búsqueda de un sector sostenible, viable y transparente» giraba la conferencia de Juana Parada, gerente de la Organización de Palangreros Guardeses.

También formaba parte del programa del simposio cancelado en Celeiro el nuevo reglamento de control que se ultima en la UE, y que incluye la controvertida monitorización electrónica. Sobre él iba a hablar la eurodiputada socialista Clara Aguilera, que lo conoce en profundidad porque ha sido la ponente de su reforma en la Eurocámara, tarea en la que ha escuchado opiniones de todas las partes, también de los profesionales. En su opinión, es hora de reforzar y armonizar la inspección y el control, aplicándolo en toda la UE por igual. La norma incorpora una vigilancia de la pesca recreativa para evaluar su impacto sobre los recursos.