Los empleados de San Cibrao apelan al presidente de Alcoa, que dirigió la fundición un año

El comité quiere negociar con Roy Harvey porque durante el año que estuvo en A Mariña palpó lo que significa la fábrica

Diego Ballesteros, Xosé Paleo y José Antonio Zan, dirigentes del comité de empresa de Alcoa-San Cibrao, este lunes, cuando apelaron a Harvey proponiéndole aliviar pérdidas a la multinacional si negocia
Diego Ballesteros, Xosé Paleo y José Antonio Zan, dirigentes del comité de empresa de Alcoa-San Cibrao, este lunes, cuando apelaron a Harvey proponiéndole aliviar pérdidas a la multinacional si negocia

VIVEIRO / LA VOZ

Tras los fracasos de las conversaciones con los interlocutores que hasta ahora envió Alcoa, así como por «la pérdida de confianza» en ellos, los empleados de San Cibrao apelan al presidente de la multinacional, Roy Harvey, confiados en que propicie un remedio porque durante su etapa como director de la planta de fundición de San Cibrao, entre el 2007 y el 2008, pudo palpar «lo que representa» para la sociedad y la economía de A Mariña, Lugo, Galicia y España la fábrica que ahora quiere cerrar, excepto fundición, y que rechaza vender. José Antonio Zan (CC.OO.), presidente del comité, recordaba este lunes que él mismo trabajó bajo las órdenes de Harvey.

A las puertas del complejo industrial, Zan, Xosé Paleo (CIG) y Diego Ballesteros (UGT) comparecieron ante los medios de comunicación para lanzar una propuesta con la que pretenden desbloquear un conflicto enquistado para el que urgen soluciones. Según dijeron, la prensa era su opción cuando «Alcoa está desaparecida» y el Gobierno aún no había convocado la mesa multisectorial donde podrían explicarse.

Sus críticas y quejas tuvieron una respuesta rápida del Gobierno. Dos horas después de la rueda de prensa, anunciaba a través de su subdelegada en la provincia que la próxima semana citará a la mesa multisectorial. Ahí están representadas quienes pueden decir y, sobre todo, hacer algo para evitar el despido de 524 empleados de la planta de aluminio, lo que arrastraría al paro a más de 350 de las auxiliares.

«Inacción» del Gobierno

El comité se dirige al Gobierno central y, en concreto, a los ministerios de Transición Ecológica e Industria, así como a la Xunta y a la Consellería de Economía, para que cumplan promesas tantas veces repetidas. Censura la «inacción» de los políticos, los apremian a «hacer su trabajo y no derivarlo a los juzgados» porque, subrayan, la solución «no es judicial, aunque le estén pasando el problema, es política».

Ya no quiere seguir esperando en una crisis enquistada en la que las únicas «boas noticias» con resultados palpables han sido el laudo arbitral que frenó las pretensiones de Alcoa de modular la huelga en función de sus intereses, así como el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que le prohíbe parar las cubas de electrolisis, aunque deja la puerta abierta a despidos y cierra la de expropiación de la fábrica.

Deberes también para la Xunta

Ha llegado el momento, recalca el comité, de que el Gobierno y la Xunta pasen de las palabras hechos. Primero, «obligando a Alcoa a sentarse a negociar», porque «ya está bien de falsas promesas y de mentiras, de tanta irresponsabilidad y de engañar a los trabajadores y a los ciudadanos», señala Zan. Muy críticos, emplazan al Estado a «dejar de ponerse de perfil», implicándose a fondo para que Alcoa se avenga a reanudar las conversaciones. Y si no acepta, exigen que se cumplan los acuerdos del Parlamento gallego y del Congreso y se inicie el proceso de una intervención temporal de la fábrica, paso previo a que se haga con ella la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y se la venda a la Liberty House.

También le pone deberes a la Xunta: «un plan» de inversiones para mejorar la fábrica y actualizarla, para facilitar la continuidad de la actividad y de los empleos.

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