Los trabajadores aliviarán las pérdidas millonarias de Alcoa en San Cibrao si negocia la venta de «buena fe»

El comité apremia al Gobierno y a la Xunta a «hacer su trabajo y no derivarlo a los juzgados»

Zan, en el centro, de azul, compareció ante los medios de comunicación este lunes a mediodía con Ballesteros (detrás de él) y Paleo (a su derecha) a las puertas de la fábrica para exponer su «oferta de paz social»
Zan, en el centro, de azul, compareció ante los medios de comunicación este lunes a mediodía con Ballesteros (detrás de él) y Paleo (a su derecha) a las puertas de la fábrica para exponer su «oferta de paz social»

SAN CIBRAO/ LA VOZ

Cuando la pandemia amenaza con más virulencia que nunca a la economía y a la sociedad y tras cinco meses de huelga, los trabajadores de Alcoa en San Cibrao ofrecen «paz social en nuestra guerra sindical» contra la multinacional del aluminio. Se declaran dispuestos a aliviarle las pérdidas millonarias que soporta con el paro y el bloqueo de la salida de parte de la producción. A cambio piden que se siente a negociar «de buena fe» la venta de la fábrica, que paralice los despidos de «casi mil empleados», los de la última factoría de aluminio primario de España y los de las empresas auxiliares. Y si no accede o para que lo haga, emplazan al Gobierno a intervenirla de modo «urxente».

A las puertas del complejo industrial de San Cibrao, los mensajes los lanzaron poco antes del mediodía de este lunes José Antonio Zan (CC.OO), presidente del comité de empresa y los máximos representantes en ese órgano de CIG, Xosé Paleo, y UGT, Diego Ballesteros. Convocaron una rueda de prensa porque los medios de comunicación son su altavoz cuando «Alcoa está desaparecida» y el Gobierno todavía no ha citado a la mesa multisectorial donde podrían exponer su propuesta.

«Le retenemos 50 millones de euros cada mes»

Se declaran dispuestos a dejar de presionar a Alcoa con la huelga, «nuestra única arma», porque creen que le interesa no acumular más pérdidas con «los 50 millones de euros que le retenemos cada mes» impidiendo salir mercancía de la fábrica. Visto el fracaso de las conversaciones con los interlocutores que hasta ahora envió la multinacional, así como «la pérdida de confianza» en ellos, apelan a su presidente, Roy Harvey, confiados en que propicie un remedio porque durante su etapa como director de la planta de aluminio ha palpado «lo que representa» para A Mariña, Lugo, Galicia y España. «Seguir en los juzgados no sirve», no conduce a ningún lado, advierten.

La oferta sindical de cesar las medidas de presión tiene especialmente en cuenta las «graves repercusiones» del bloqueo de la salida de producción en empresas gallegas de extrusión de aluminio, así como en otras que dependen de ese metal en España, Holanda, Francia o Alemania. El comité cree que cuando la pandemia golpea con más fuerza que nunca, «Galicia, España y otros países de la Unión Europea no pueden permitirse» que el conflicto de San Cibrao, del que responsabiliza a Alcoa, agrave los problemas económicos y sociales causados por el covid-19.

Censuran la «inacción» de los políticos

Se dirige al Gobierno central y, en concreto, a los ministerios de Transición Ecológica e Industria, así como a la Xunta y a la Consellería de Economía, para que cumplan promesas tantas veces repetidas. En nombre de la plantilla, los dirigentes sindicales censuran la «inacción» de los políticos y los apremian a «hacer su trabajo y no derivarlo a los juzgados». Subrayan que la solución al conflicto con una Alcoa empeñada en despedir a 524 empleados de la factoría, llevándose por delante otros 350 de empresas auxiliares, «no es judicial, aunque le estén pasando el problema, es política».

Ya no quieren seguir esperando en una crisis enquistada en la que las únicas «boas noticias» con resultados palpables han sido el laudo arbitral que frenó las pretensiones de Alcoa de modular la huelga en función de sus intereses, así como el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que le prohíbe parar las cubas de electrolisis, aunque deja la puerta abierta a los despidos y cierra la de la expropiación de la fábrica.

Deberes también para la Xunta

Ha llegado el momento, recalca el comité de Alcoa San Cibrao, de que el Gobierno y la Xunta pasen de las palabras hechos. Primero, «obligando a Alcoa a sentarse a negociar», porque «ya está bien de falsas promesas y de mentiras, de tanta irresponsabilidad y de engañar a los trabajadores y a los ciudadanos», señala Zan. Muy críticos porque después de un mes siga sin convocarse la anunciada mesa multisectorial, emplazan al Estado a «dejar de ponerse de perfil», implicándose a fondo para que Alcoa se avenga a reanudar las conversaciones. Si no acepta, exigen que se cumplan los acuerdos del Parlamento gallego y del Congreso y se inicie el proceso de una intervención temporal de la fábrica, como paso previo para que se haga con ella la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y se la venda a la Liberty House.

Paleo reitera la reivindicación inicial, un remedio «ao problema de fondo» de la crisis, ese que el Estado prometió solventar hace más de un año y sigue sin solución. Se refiere al estatuto de consumidores electrointensivos que garantice a la fábrica de San Cibrao y a otras empresas españolas unos precios energéticos competitivos, similares a los de otros países europeos. El comité también le pone deberes a la Xunta, demandándole «un plan» de inversiones para mejorar la fábrica y actualizarla, de tal modo que le facilite al futuro comprador la continuidad de la actividad y de los empleos.

A Mariña, la gran damnificada

El ugetista Ballesteros incide en que ya no caben más demoras, el Gobierno y la Xunta deben cumplir los compromisos adquiridos y «aportar solucións» porque, subraya, «Alcoa non se vai a ir de "rositas', ten que vender, negociando de boa fe ou mediante a intervención pública». Y agradeció «o apoio» da comarca y «o traballo e a loita» de los trabajadores de la factoría y de las auxiliares durante los últimos cinco meses.

Zan, Paleo y Ballesteros recalcaron que resolver el conflicto con Alcoa, paralizar los despidos y asegurar la continuidad de la fábrica de aluminio requieren de acciones urgentes y contundentes porque los perjuicios que ya le causa a la economía y a la sociedad de A Mariña se agudizarán si el Gobierno y la Xunta no actúan con urgencia.

Convocada la mesa multisectorial

La rueda de prensa del comité y sus reproches a los políticos ya han provocado una primera reacción. Alrededor de dos horas después de comparecer ante los medios de comunicación, la Subdelegación del Gobierno en Lugo difundía un audio de su titular, Isabel Rodríguez, anunciando que el Estado ha convocado «para a próxima semana» la mesa multisectorial. Según dice, «o Goberno sigue a traballar» y reitera que «sigue a estar coa A Mariña e cos traballadores».

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