Si los 534 de Alcoa hubieran negociado el ERE que la empresa inició el 28 de mayo, los más mayores quizá se hubieran prejubilado, los que son un poco más jóvenes, pero no tanto, se hubieran recolocado tal vez en la planta de alúmina (durante el tiempo que a esta le quede), y los demás se habrían ido a casa con cuantiosas sumas de dinero; aunque negociar esto conllevaba apagar las cubas, cerrar la planta, y dejar al compañero de la empresa exterior en la calle sin los mismos beneficios. Pero, sobre todo, significaba abandonar A Mariña desangrándose, herida de muerte. Sería desamparar a toda la gente que ha salido a defender el aluminio codo con codo con los miles de trabajadores y trabajadoras de la fábrica. Los 534 renunciaron a la seguridad de la prejubilación, la recolocación, y una buena indemnización por una comarca que les ha defendido con uñas y dientes. Porque lo que se perdía en esa negociación era muchísimo más valioso que todos los euros que Alcoa estuviera dispuesta a poner sobre la mesa. Y simplemente porque no, señoras y señores, en este mundo lo más importante no es el dinero.
Sin embargo, aún hay quien piensa que Alcoa podría sentarse a negociar una venta a Liberty House o a la SEPI por dinero, que todo es cuestión de cantidades y que si el gobierno tienta lo suficiente a la multinacional, esta se sentará dócilmente y venderá la planta a cualquiera de los dos compradores. ¿Y los desplantes y las malas formas con las que Alcoa vapuleó a vicepresidentas, ministras y conselleiros? Todo olvidado. ¿Por qué será que la lealtad y el honor parecen ligados solo a la clase obrera?
Sea como fuere, existe también la posibilidad de que Alcoa diga No. Porque pretenda seguir con su hoja de ruta y no quiera perder parte del mercado europeo a favor de un sólido competidor. ¿Qué pasaría entonces?
Ha llegado el momento en el que Gobierno de España y Xunta de Galicia comiencen a pensar en una respuesta. Es hora de decidir si van a dejar que una multinacional cierre su última fábrica de aluminio primario, elimine un sector esencial para el país, destruya miles de puestos de trabajo y condene a una comarca entera, o si
van a tomar la autoridad que los ciudadanos les conferimos en las urnas para que demuestren quién manda en España: las eléctricas, los bancos y las multinacionales, o la soberanía nacional.
Si los gobiernos no intervienen la fábrica de aluminio en virtud de la utilidad pública que representa la planta para A Mariña y el plan industrial verde de Liberty para el país, no sé con qué cara van a venir a confiscar nuestros montes cuando pretendan colocar los miles de molinos de viento que deban generar parte del 70% de toda la energía que se consuma en España en 2030, y que el gobierno se comprometió con Europa a que procedería de energías renovables.
Para entonces, no me imagino a ninguna comunidad de montes, o a ningún propietario haciendo desplantes a las autoridades, levantándose de la mesa de negociación y no accediendo a vender su propiedad privada sin razón alguna. Porque ese propietario no será Alcoa. A él o ella se le ofrecerá una cantidad y si no acepta, se le tasará su parcela y se le dará un precio justo. Porque ahí sí, el principio de utilidad pública para la colocación de un molino generador de energía renovable, será aplicado con toda la autoridad y el peso de la ley.
¿Por qué no así con Alcoa? Gobierno de España y Xunta de Galicia, la mala fe de la multinacional y el honorable comportamiento de A Mariña les ha colocado ante una decisiva disyuntiva: Autoridad o Traición.
Elijan bien porque aquí hay una comunidad valiente dispuesta a luchar por el más venerable propósito: sobrevivir.
* Rita Morrigan, escritora y socióloga, de Xove.