La ministra Yolanda Díaz habla de «expropiar» Alcoa y los empresarios del noroeste gallego piden medidas contundentes

La ministra de Trabajo, la ferrolana Yolanda Díaz, habla de «expropiar» Alcoa, una de las medidas que están explorando el Gobierno y la Xunta de Galicia, junto a algún otro tipo de intervención. Este jueves empresarios del noroeste gallego también pedían medidas contundentes a las administraciones para impedir el cierre de la planta de aluminio, que repercutiría además de en centenares de empleos en la actividad de la Autoridad Portuaria.

Mientras los trabajadores ya no permiten la salida de aluminio elaborado del complejo industrial de San Cibrao. Han instalado sendas carpas en las salidas de San Cibrao y de Morás, en Xove, para impedir el paso del transporte. De momento sí dejan acceder a la fábrica. A partir de este domingo comenzarán la huelga indefinida.

Es la manera que tienen los trabajadores de protestar a la empresa y de presionar a las administraciones para evitar el cierre de la planta de aluminio, que es lo que está en juego ni más ni menos en estas dos próximas semanas. Alcoa debe decidir qué hace en estos 15 días, si aplica el ERE.

Comité de Alcoa, representantes de la plataforma de las auxiliares y trabajadores se van turnando en sendas carpas para controlar permanentemente que no salga el aluminio. Las 24 horas, pese al frío y a la lluvia por las noches. Por eso el comité pedía el pasado martes colaboración a todos los trabajadores. También vecinos y familias les dan apoyo moral estos días en la carpa, como ya habían hecho semanas atrás. Ayer por la tarde, de hecho, algunas familias de trabajadores se acercaron con los niños a las carpas.

Desde el comité confían en la intervención del Gobierno, de una manera o de otra; no solo confían, sino que la vienen demandando con insistencia desde que el pasado lunes se rompió la negociación con Alcoa. «Es la única solución y está en manos de los políticos», insiste José A. Zan, presidente del comité.

Presión importante en estos 15 días para evitar que Alcoa aplique el temido ERE

Alcoa no da pista alguna de momento sobre la decisión que va a adoptar. Tiene hasta 15 días (13 ya) para decidir si aplica un ERE en la planta de aluminio, un despido colectivo que afectaría -como saben- a unos 500 trabajadores, con el consiguiente efecto en las empresas auxiliares.

Una decisión que ha de tomar bajo una importante presión, con huelga indefinida en la fábrica y con la presión por parte de las administraciones. Gobierno y Xunta ya han manifestado que van de la mano y valoran posibles medidas y actuaciones a tomar, ajustadas a vías legales y jurídicas. El ministro Ábalos dejó entrever en televisión una posible actuación a través de la SEPI. Nada se descarta en este momento, tampoco algún tipo de intervención por parte del Estado.

Desde la multinacional insistían ayer en los números: las pérdidas de 110 millones en los dos últimos años y en el millón de euros que siguen perdiendo cada semana que pasa en la planta de aluminio, sin que el Gobierno haya aprobado aún el Estatuto y sin que haya fijado un precio competitivo para la energía en España. «Más del 40% del coste de la factura se va en gasto eléctrico para Alcoa y para cualquiera».

Sobre la fracasada venta, insisten en que «la oferta de Liberty House «no era razonable; Alcoa aportaría 70 millones de dólares de fondo para el futuro de la planta de aluminio; ellos, ni un dólar. Exigían control sobre la refinería y no está en venta; exigían un stock de alúmina para 60 días (un coste de 20 millones de dólares). Suministro para 20 años. Unas exigencias que no son razonables».

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