Malas sensaciones al término de la reunión con el Gobierno, Xunta, Alcoa y sindicatos

LA VOZ VIVEIRO

A MARIÑA

Cedido

El Gobierno urge a la multinacional a que aporte una solución para San Cibrao o «deje paso» a otras empresas interesadas.  El comité censura que la compañía «no quiere saber nada de venta» ni le vale ningún marco energético, mientras la Xunta critica falta de medidas del Gobierno

09 jun 2020 . Actualizado a las 22:41 h.

La reunión terminó con malas sensaciones. «Alcoa ha detallado al gobierno la situación insostenible por la que atraviesa la planta de aluminio debido al marco energético actual y la sobrecapacidad global de aluminio, lo que hace necesario tomar medidas urgentes para frenar el alto nivel de pérdidas», comunica la multinacional. Y añade: «Alcoa considera que los problemas de la planta de aluminio tienen una naturaleza permanente y no se van a revertir. Las proyecciones para los próximos años no cambiarán esta situación, haciendo que la posibilidad de una venta de la planta no sea factible ya que la producción no es sostenible. Alcoa considera que el proceso informal de consulta iniciado con los representantes de los trabajadores es el marco apropiado para discutir el futuro de la planta de aluminio».

Desde el Gobierno instan a Alcoa a que presente un plan industrial o deje paso a otras empresas del aluminio. La situación parece enquistada. Los representantes de los trabajadores ven buenas intenciones por parte de las Administraciones, pero ninguna concreción. Todo sigue igual, en definitiva. Alcoa continúa con su proceso de consultas para iniciar el despido colectivo que afectará a 534 trabajadores mañana mismo en Lugo.

Al término del encuentro, el presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan (CC.OO.), ha censurado que «el problema» es que Alcoa «dice que cualquier marco que les pongan no le sirve y tampoco entra a valorar una posible venta». «No quiere saber nada de venta», lamenta. Con todo, ve «positivo» que la Xunta y Gobierno «están apostando» por los trabajadores. Señala que la Administración gallega respalda un acuerdo a largo plazo con un operador para el suministro de energía renovable (PPA), mientras el Ejecutivo central estará «apoyando con un marco energético para que se pueda llegar a esa PPA y dentro de dos o tres años tener una viabilidad como planta».

«No queremos una muerte por capítulos, queremos conocer los planes de Alcoa, las administraciones estamos dispuestas a apoyar el mantenimiento de la actividad», ha señalado Raúl Blanco, secretario general de Industria y de la Pyme. «Pero si no tienen un plan industrial, y quieren cerrar en España, en Europa y en Estados Unidos para centrarse en otros proyectos, que dejen paso. Lugo, Galicia y España se lo dicen», ha avisado. Asimismo, ha recordado que Alcoa San Cibrao ha recibido 693 millones de euros (132 millones por interrumpibilidad y CO2) desde 2011, y que desde 2009 no ha presentado al Gobierno de España petición alguna de apoyo para planes de inversión o a la innovación industrial.

Por su parte, el conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha lamentado que el Gobierno «siga sin fijar un precio eléctrico que garantice el mantenimiento del empleo en Alcoa San Cibrao». En un comunicado, advierte de que la mesa de trabajo ha concluido sin que se sepa cómo tiene previsto el Gobierno establecer un precio eléctrico competitivo en igualdad de condiciones con otros países europeos. Afea que no se presentó el borrador del estatuto para las empresas electrointensivas ni se aclaró si se tendrán en cuenta las alegaciones de Galicia, Asturias y Cantabria al texto.

Además, Conde solicita la publicación de la puja de interrumpibilidad para el segundo semestre del año, así como el presupuesto máximo que permite la UE para las compensaciones por emisiones de dióxido de carbono. La Administración gallega también propone la elaboración de un plan específico de la industria electrointensiva para acceder al reparto de nuevos fondos europeos.

Nueva jornada de protestas

San Cibrao amaneció este martes entre protestas. Desde las 07.30 horas, trabajadores de la factoría instalaron barricadas de neumáticos y fuego en los accesos a las instalaciones para hacerse visibles. El trabajo de más de 530 operarios (solo empleo directo) y de unos 300 de las empresas auxiliares pende de un hilo después de que la multinacional estadounidense anunciase el cierre de la planta de aluminio -en la de alúmina no se han anunciado cambios por ahora- y el despido colectivo de la mayor parte de las personas que trabajan en ella. De llevarse finalmente a cabo, la medida supondría un fortísimo revés a nivel económico y social para toda la comarca de A Mariña, y por extensión para la provincia de Lugo, en la que Alcoa supone el 30% del PIB. 

Cuenta atrás para el fin de los incentivos al precio eléctrico

Las industrias con un elevado consumo de energía eléctrica —como Alcoa, Ferroatlántica, Arcelor Mittal o Megasa— cruzan los dedos para que el Ministerio para la Transición Ecológica convoque ya una nueva subasta de interrumpibilidad para adjudicar incentivos al precio eléctrico para el segundo semestre del año. Los actuales se agotan dentro de tres semanas (el día 30) y son fruto de una puja celebrada en diciembre pasado. De momento, nada se sabe de la próxima. Ni siquiera si la habrá finalmente, aunque el sector aguarda que sí. De lo contrario, tendrán que competir con el resto de Europa en inferioridad de condiciones, pues el precio de la electricidad en España es más elevado que en otros países y son precisos incentivos para intentar igualar costes.

La última subasta de interrumpibilidad ya fue de lo más rácana, pues repartió 4,38 millones para los seis primeros meses de este año frente a los 196 para todo el 2019. Es poco, pero menos es nada. Más teniendo en cuenta que los mecanismos que supuestamente sucederán a esas pujas tampoco salen adelante. El principal, el estatuto del consumidor electrointensivo, que incluirá medidas como el fomento de los contratos bilaterales para el suministro de energía renovable y compensaciones por los costes indirectos por la compra de derechos de emisión. La Comisión Europea permite reintegrar a las industrias hasta el 25 % de lo recaudado y España podría gastar al año 300 millones, pero, de momento, solo se han convocado seis millones y lo ha hecho el Ministerio de Industria. El de Transición Ecológica, el que maneja el dinero, se hace el remolón.