Cierran la calle viveirense donde el derribo parcial de un edificio «evitou a demolición total»
A MARIÑA
Ocho de las familias que lo habitan desde hace treinta años han sido desalojadas
28 feb 2020 . Actualizado a las 19:19 h.Desde la tarde de este jueves «non se poderá estacionar en toda a rúa» Nicolás Cora de Viveiro. Desde este viernes está restringida al tráfico porque se instalará la grúa «de grandes dimensións» que se empleará en el derribo parcial del edificio número 48-50. Habitado hace más de treinta años, se derribarán el techo y la última planta que da a la citada calle, se reducirán alturas en la parte posterior y se rellenarán el suelo de la planta baja y la entreplanta. Por esas obras, ocho familias han sido desalojadas
El Concello cumple una sentencia que declaró ilegal una licencia concedida en 1994. El gobierno de María Loureiro recalca que el «empeño tanto desta como da anterior corporación evitou a demolición total e as súas graves consecuencias para os veciños».
Si no han variado los plazos, las obras se prolongarán durante cuatro meses. Por la instalación de la grúa, este viernes solo podrán circular por ella usuarios de garajes situados antes y después del edificio 48-50, así como los de transporte adaptado situados antes de ese inmueble. También afectará a las paradas de bus escolar de Nicolás Cora y de la plaza Donapetry.
El ejecutivo de Loureiro repasa en un comunicado los antecedentes de un caso con «moitos anos de loita». Recuerda que «sendo alcalde César Aja» el Concello concedió «en xaneiro de 1994» la licencia del edificio, pero «un particular» la recurrió y en «febreiro de 1996 dictouse sentenza na que se acordaba a demolición do construido».
El recurso contra ese fallo fue desestimado y, en «xuño de 2001» el Tribunal Supremo sentenció «con carácter firme, obrigando a este a concello a executar a demolición deste edificio». El gobierno de Loureiro añade que el anterior alcalde «Melchor Roel iniciou un longo proceso na busca dalgunha posible solución que evitase o derrumbe total».
En junio del 2012 alegó ante el Tribunal Superior de Xustiza que «mediante diversas obras o edificio podería cumprir coa normativa». Tras una solicitud del Concello en 2015, ese tribunal «aceptou» la demolición parcial. A principios de 2018 el Concello licitó las obras y después las adjudicó. Debió repetir el proceso y el pasado 15 de enero firmó el contrato con la adjudicataria.
El gobierno local pide «desculpas polas molestias que estas obras, consecuencia dunha licenza ilegal outorgada en 1994, están a ocasionar».