Los nuevos apoyos a la industria avivan el incendio de Alcoa, que los ve escasos

La ministra Maroto asegura que las medidas dan seguridad sobre el precio eléctrico


REDACCIÓN/ LA VOZ

Lejos de apagar el incendio, las nuevas medidas propuestas por el Gobierno para compensar a la gran industria de los elevados gastos eléctricos y, por tanto, de producción, han avivado las llamas. No son  suficientes, al parecer, para igualar los costes con los de los competidores europeos. Alcoa ha alertado ya de que la única fábrica de aluminio primario que le queda activa en España, la de San Cibrao, con 661 trabajadores, está en peligro. O sea, que puede correr una suerte similar a la de sus hermanas de A Coruña y de Avilés, con 369 y 317 operarios, respectivamente. En estas plantas solo operan las fundiciones, pues en febrero se paró temporalmente la producción de aluminio, que será algo definitivo a partir de julio si no aparece un inversor dispuesto a comprarlas.

Como ajena a toda esta polvareda, la ministra de Industria, Reyes Maroto, manifestó que no tiene «certeza todavía» de que la multinacional haya tomado una decisión sobre San Cibrao. En todo caso, entiende que no hay motivos para tal alarma de posible cierre porque el estatuto del consumidor electrointensivo, que contiene esas medidas compensatorias, «da una seguridad a Alcoa sobre el precio de la energía».

Es más, subrayó que el documento ?que está en exposición pública para su aprobación a finales de abril, justo antes de las elecciones? le hace albergar más esperanzas de que junio llegará con «una garantía de un inversor» para A Coruña y Avilés.

Maroto abundó en que con el estatuto hay una «garantía mayor » para las 153 empresas electrointensivas del país, que generan 150.000 empleos.

La patronal de la industria gran consumidora de energía (la asociación AEGE) no se ha pronunciado todavía ni sobre el anuncio alarmante de uno de sus principales asociados ni sobre las medidas de apoyo que  propone el Gobierno para aliviar al sector. Tampoco lo ha hecho todavía la Consellería de Industria.

Pero tanto AEGE como el conselleiro Francisco Conde se han mostrado temerosos en diversas ocasiones de que el efecto Alcoa fuese contagioso y que el problema de los elevados costes eléctricos en España arrastrase a la crisis a otras industrias. Ya lo ha hecho, en parte, porque Ferroatlántica está aplicando un expediente de regulación de empleo temporal para unos 400 operarios en sus fábricas gallegas (Cee-Dumbría y Sabón) que durará dos años.

Fuentes de la multinacional del aluminio informaron ayer de que presentarán alegaciones al estatuto, con la esperanza de que el texto final se modifique e incluya las medidas que necesita la industria. ¿Cuáles son? Aquellas que garanticen unos costes en energía en la línea de los competidores europeos.

La Consellería de Industria, junto a las principales compañías del sector en la comunidad (como Ferroatlántica y Megasa), envió una propuesta al Gobierno central para rebajar la factura de la luz de estas empresas, que recoge en parte el estatuto, pero no todo.

El comité de empresa de la fábrica de A Coruña también anunció alegaciones, porque, manifestó su presidente, Juan Carlos López Corbacho, el texto es decepcionante y no incluye todo lo que les avanzó el Gobierno.

Luz a precio de saldo en Noruega gracias a las renovables

Pero ¿qué quiere Alcoa en realidad? Alcoa y el resto de las industrias con un alto consumo eléctrico quieren producir a precios más bajos, al menos tanto como los que pagan sus competidores en otros países del entorno. De lo contrario, su actividad deja de ser rentable. El precio de la electricidad en España rozó el año pasado los 60 euros el megavatio hora, frente a los 50 de Francia y los 42,4 euros de Alemania. Sin hablar de que en Noruega, donde Alcoa tiene una fábrica de aluminio que mima como a un retoño, la luz cuesta la mitad que en España, gracias a la fuerte implantación de las energías renovables.

Pero para converger con Europa son precisos incentivos públicos, que casi nadie se atreve a poner en duda. Salvo la Comisión Europea, que mira de reojo las subastas del servicio de interrumpibilidad: las empresas reciben descuentos en la factura a cambio de cortar el suministro cuando sea necesario para el sistema eléctrico.

De ahí el estatuto para el consumidor electrointensivo, que el Gobierno elaboró en solo tres meses empujado por la crisis de las plantas de A Coruña y Avilés.

El texto incluye exenciones en dos conceptos del recibo eléctrico (pagos por capacidad e interrumpibilidad), también compensaciones por emisiones indirectas de dióxido de carbono y la opción de firmar contratos bilaterales directamente con centrales de generación en lugar de recurrir a la energía que se vende en el mercado mayorista. Esta última opción funciona en Francia, donde la industria suscribe acuerdos de compra de electricidad con la principal compañía, EDF, que además es pública. Distintas fuentes calculan que las medidas del estatuto abaratarían el precio del megavatio hora unos 10 euros. Es decir, se quedaría en 50 euros. Cantidad que el sector considera todavía insuficiente para competir con la industria europea.

Sea como fuere, de las medidas de apoyo a la industria electrointensiva depende la supervivencia de compañías como Ferroatlántica, Megasa, Celsa o Alcoa. Y condicionan también la posible venta de las plantas de aluminio de A Coruña y de Avilés. La multinacional estadounidense ya ha dicho que no las quiere, sea cual sea el precio eléctrico.

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