Viveiro pagó alquileres a realojados de O Celeiriño que el juez no ve justificados
A MARIÑA
Reconoce cinco y dice que dos beneficiarios no vivían en el barrio que se desplomó
01 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.En una sentencia contra la que cabe recurso, el Juzgado número 1 de Viveiro condena a la promotora y a tres técnicos a pagar al Concello 0,42 millones de los 1,31 que reclamaba por los daños ocasionados por el desplome que desencadenó en O Celeiriño la obra de un edificio. De la indemnización, 31.362 euros los reconoce por alquileres que abonó el Concello a vecinos desalojados del barrio. Según el juez, cinco tenían derecho porque sus viviendas fueron declaradas en ruina y, por tanto, resultaron perjudicados porque no podían habitarlas.
«No hay prueba que acredite» que residiesen en O Celeiriño otros dos que se beneficiaron de esas ayudas del Concello, dice la sentencia. Sobre otros cuatro sostiene que como sus casas «no sufrieron daños» por el desplazamiento del barrio, «no procede» que el Concello recupere los alquileres que les abonó. A la misma conclusión llega con los habitantes de otras seis que «sufrieron daños reparables», por lo que no cree «acreditado que estas personas tuviesen que abandonar sus viviendas».
«El Concello actuó de buena fe y se preocupó por las personas», dice la alcaldesa de Viveiro.
El Concello valora recurrir una sentencia «que acredita que cumplimos la Ley al dar licencia»
Los abogados que representaron al Concello en la reclamación por los daños de O Celeiriño están «analizando con detalle» la sentencia que admite parcialmente su demanda. Valoran la opción de recurrirla; entre otras razones, porque «el Concello acreditó todos los gastos y no se le resarce con lo que asumió», declara la regidora María Loureiro.
El de mayor cuantía, los 890.000 euros con los que compró ocho pisos a vecinos de O Celeiriño que perdieron sus casas. De ese dinero, 873.000 euros los aportó la Consellería de Vivenda. Aplicando el valor de los inmuebles antes de quedar en ruinas, el juzgado falla que por ese gasto el Concello debe ser indemnizado con 283.000 euros. «La consellería nos reclama el dinero todos los años, y esa cuantía no llega», dice la alcaldesa.
«Satisfecha» se declara María Loureiro porque la sentencia «vuelve a acreditar que el Concello cumplió la Ley al dar la licencia para el edificio de O Celeiriño, pese a que desde el PP nos acusaron e incluso nos denunciaron por prevaricación».