Viveiro no reembolsará 807 multas de tráfico porque juristas no las ven nulas

El Concello sostiene que el Consultivo avala que no las tramitasen funcionarios


viveiro / la voz

«O Concello non ten que devolver o diñeiro abonado polos cidadáns nas multas» de tráfico de la Policía Local de Viveiro tramitadas por personal laboral, no por funcionarios, según la alcaldesa María Loureiro. Se ampara en un dictamen jurídico del Consello Consultivo de Galicia, según el cual «non existe nulidade» en el procedimiento administrativo. Serían 807, «dende xaneiro ata maio do 2016», aunque «probablemente» también alcanzaría a las impuestas hasta junio del 2017, apuntó el PP cuando sostuvo que solo serían válidas las instruidas por el inspector principal de la Policía Local.

Todo comenzó cuando nueve conductores recurrieron multas de los guardias municipales alegando se habían «vulnerado as garantías do cidadán ó no aplicar correctamente o que establece a Lei, producíndose unha indefensión», según Antonio Bouza, portavoz del PP viveirense. Informes jurídicos del Consultivo, de la Diputación de Lugo y del Concello coincidían en que el personal laboral carecía de competencias para tramitarlas, excepto si una sentencia firme le reconocía una relación laboral indefinida con el Concello.

El gobierno viveirense impugnó el dictamen del Consultivo. El organismo autonómico que vela por el rigor técnico jurídico de las decisiones de las Administraciones públicas concluye que en el Concello no incurrió «en nulidade». La regidora añade que en esa «materia complexa non existe unanimidade xurisprudencial», pero defiende que el Consultivo avala el procedimiento aplicado en Viveiro porque «se seguiron os trámites, non producídonse ningún tipo de vulneración dos dereitos nin indefensión» para los multados.

La alcaldesa recuerda «as graves acusacións» del PP e invoca el reciente pronunciamiento del Consultivo para afirmar: «Vén a demostrarse que o Concello, co persoal existente e a pesar das carencias de funcionarios, tramita os procedementos según a lexislación vixente, garantindo en todo caso os dereitos dos cidadáns». Loureiro reprocha al PP su «actuación irresponsable» cuando apuntó que al menos 807 multas podrían ser nulas por tramitarlas mal. «Causou unha gran alarma social» que, según la regidora, desde su gobierno trató de calmar proponiendo esperar al informe jurídico que ahora hace público.

El popular Bouza auguró un «aluvión de reclamacións» por las sanciones instruidas por personal laboral, no por funcionarios, con el consiguiente «quebranto económico para o Concello se ten que devolver as cantidades xa cobradas». No lo hará, ratifica la socialista Loureiro, por el dictamen del Consultivo y los juristas del Concello.

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