Ribadeo obligará a hacer mejoras a los dueños de otras 30 casas en mal estado

En diez años, el Concello ha ordenado actuar sobre más de doscientos inmuebles


ribadeo / la voz

«Remítome ás normas de patrimonio, á lei autonómica e estatal, que temos que cumprir. Temos que velar pola conservación do patrimonio e pola seguridade dos viandantes». Así se pronuncia el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, sobre una política en la que el Concello se ha convertido en pionero por su celo y ejemplo en Galicia. En Ribadeo, desde hace una década los propietarios de inmuebles en avanzado estado de deterioro saben que en cualquier momento pueden recibir una carta del Concello indicándoles las reformas que obligatoriamente deben acometer. Se inicia así un procedimiento que a veces se prolonga varios meses, incluso años, pero que ineludiblemente acaba con la reparación o demolición del inmueble. El Concello avisa, si no es atendido pone multas y, en último extremo, ejecuta las reformas pasándoles después la factura a los propietarios. En una década se ha alcanzado a más de 200 inmuebles, según la estimación que hizo ayer el alcalde. En unos días se sumarán una treintena más, fruto de la inspección realizada ayer por técnicos municipales y el propio regidor.

Esta política de Fernando Suárez, una apuesta arriesgada en un primer momento, ha sido determinante en la mejoría que ha experimentado el casco viejo de Ribadeo. Al principio fue complicado. Muchos propietarios se oponían, pero el argumento del alcalde era que la mayoría de casas afectadas pertenecían a gente que vive fuera de Ribadeo, a quienes daba dos opciones: repararlas o venderlas. Además, están las ayudas del ARI.

«Ao principio, cando a algún propietario lle chegaba unha destas cartas pouco menos que lle daba a risa. Pero agora unha carta do Concello é coma se che chega unha multa do radar na autovía. Non o facemos por mal. Nun primeiro momento a xente poñía malas caras, pero agora xa non é así. E incluso moitas veces este tipo de procedementos supoñen a espoleta para que se venda ou se amañe un inmoble con varios donos que non se poñen de acordo. Por iso, algúns nos dan as grazas», manifestó Fernando Suárez.

Fruto de esta política ha sido desde la reparación de la Aduana Vieja a la antigua cárcel, el viejo colegio de la calle Trinidad, el hotel Ribanova (en obras en la actualidad) y decenas de casonas del casco viejo. Las obras que se exigen van desde enfoscados a pintado de fachadas, sustitución de canalones, cambiar tejados, carpintería... sin entrar nunca en el estado interior del inmueble. Solo se supervisa la apariencia exterior, la imagen pública.

Claro que hay expedientes que se atragantan al Concello, como la antigua estación de tren, porque la propiedad está muy fragmentada.

Además, las actuaciones del Concello ya no se limitan al casco histórico, ni siquiera al casco urbano, ya que alcanza también a casas abandonadas en parroquias.

Lo que se le echa en cara al alcalde es que el celo que pone en las propiedades privadas no se corresponde con el que se observa cuando se trata de inmuebles en los que el Concello tiene parte. El ejemplo más evidente es la Torre dos Moreno, donde tras la intervención realizada hace años la ruina avanza de nuevo: «Estamos traballando niso», se limitó a manifestar ayer Suárez.

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