El destartalado inmueble que espera a la jueza de paz de Ribadeo

José Francisco Alonso Quelle
josé alonso RIBADEO / LA VOZ

A MARIÑA

JOSÉ ALONSO

El TSXG designa a María Irene Díaz para seguir cuatro años más en el cargo en unas instalaciones vergonzosas

02 feb 2018 . Actualizado a las 13:07 h.

En la fachada, bajo la placa del juzgado de paz, una pintada advierte lo que se avecina: abandono y unas instalaciones vergonzosas. El sobrio diseño del edificio permite intuir vagamente lo que debió ser en sus tiempos de esplendor, ubicado en la zona noble del casco viejo de Ribadeo, pero al entrar, la loseta del primer peldaño aparece rota en una esquina. Subes por las escaleras y ves las rejas del pasamanos oxidadas, un desconchado en la madera que reviste la pared y al llegar al rellano se observan en los techos las grietas y humedades que invaden el sistema eléctrico. A la izquierda está la sala de ceremonias y audiencias, donde se celebran las bodas civiles. Ni la foto del rey emérito Juan Carlos I ha sido sustituida. Frente a él, el entarimado presenta un sospechoso agujero. Entrando en las oficinas el panorama no mejora: cubos en una esquina recogiendo el agua que gotea del techo, y los radiadores sobre cartones humedecidos con el combustible que vierten. Así es el juzgado de paz de Ribadeo.

Las denuncias sindicales por su estado han caído en saco roto. Xunta y Concello se atribuyen culpas y eluden responsabilidades, en tanto el juzgado, que a simple vista no pasaría una mínima inspección por sus exiguas condiciones de decoro y salubridad, avanza en su deterioro. ¿Hasta cuándo? En él trabajan dos funcionarios y acude puntualmente la jueza de paz. Es María Irene Díaz Martínez, que tras cuatro años en el cargo presentó su candidatura a la reelección, siendo designada por la corporación municipal. El TSXG lo ha aceptado. Ayer se publicó el anuncio en el Doga y ahora tendrá 20 días para tomar posesión del cargo. Para ella, lo que se va a encontrar no es ninguna novedad. La compensación se estipuló en los Presupuestos Generales del Estado de 2017: 3.282,87 euros anuales en los municipios de 7.000 a 14.999 habitantes.

Queda por ver si el juzgado aguantará en el mismo lugar otros cuatro años. Hace falta un ejercicio de imaginación notable para creerlo. Pero llegados aquí... y visto cómo unos y otros escurren el bulto, nunca se sabe. En tanto, este es el testimonio: este es el vergonzoso juzgado.