«Nos desvalijó», dijeron del jefe de la gestoría de Burela juzgado

La fiscala pide 5 años de cárcel por presunta apropiación indebida de 90.000 euros


En la Audiencia de Lugo se juzgó a un hombre, de salud aparentemente quebrantada, por presunta apropiación indebida de, según los cálculos de la acusación, unos 90.000 euros a otro hombre, un joven, en silla de ruedas, que en 2005 le encargó, como gestor, hacerse cargo de los papeles necesarios para resolver los problemas burocrático-administrativos derivados de la situación de la que quedó tras sufrir un accidente. La mujer del accidentado definió la situación en la que se vieron: «Nos desvalijó» y «nos quedamos con una mano delante y otra detrás». El ministerio público pide 5 años de cárcel (la acusación particular, seis) así como una indemnización por el importe de la cantidad que considera indebidamente apropiada por el acusado.

En 2005, un hombre de 20 años conducía de vuelta de su trabajo y tuvo un accidente, a causa del cual sufrió lesiones medulares. Pasaría 3 años hospitalizado, con salidas esporádicas a su casa, en Foz. Viendo que el proceso de recuperación sería largo y penoso, señala la fiscala, decidieron recurrir a una asesoría profesional. Los suegros del accidentado acudieron a Burela al despacho de una abogada, que ya no tenía allí su centro de trabajo; prácticamente enfrente, vieron una asesoría y a ella acudieron. El hombre juzgado ayer era el responsable de esa asesoría. En marzo de 2006 el accidentado, aún en condiciones físicas muy difíciles, firmó un poder notarial, en una furgoneta, al pie de la notaría, para atribuir al gestor amplias facultades de administración de sus bienes. Entre cargos en la cuenta bancaria y pagos en mano, la fiscalía considera que el acusado se apropió de más de 90.000 euros.

Lo conoció de niño

El acusado, Daniel O.C., aseguró que conoció al joven accidentado cuando era un niño, porque su madre se encargaba de la limpieza en la oficina de la empresa que tenía antes de la asesoría a cuyos servicios recurrió el demandante. El acusado manifestó que el poder notarial se debió a que entre las dos familias había desconfianza. Sostuvo que él no pidió nunca el citado poder y dijo que dicho documento solo se usó para recoger un anticipo del talón en el juzgado, que se había negociado con la aseguradora, al que acudieron acompañados del director de la entidad bancaria donde fue ingresado. También negó haber requerido que se le entregasen cantidades en mano. Afirmó que mantuvo informada a la familia del joven y que nunca le manifestó directamente su disconformidad. Aseguró que «hubo que luchar» para que el accidente fuese considerado in itinere y relató gestiones realizadas. La fiscala señaló que, aún aceptando la versión más favorable al acusado, y teniendo en cuenta que de lo que allí se trataba no era «de la gestoría más cara del mundo», el hombre juzgado tuvo ocasiones de presentar justificantes de gastos y facturas, y no lo hizo. Apuntó que de haber sido ciertas las gestiones que dijo haber efectuado, podría mostrar documentos. Indicó así que su cliente le reclamó por burofax explicaciones y que no respondió en las diligencias en primera instancia en el juzgado de Viveiro; igualmente, el silencio ?señaló? fue su respuesta en las diligencias previas del proceso. «Ni una sola explicación en diez años», dijo la fiscala: «Nadie ha podido decir qué ha hecho este señor para cobrar 90.000 euros».

La abogada de la acusación particular entiende que el acusado actuó amparándose en la ignorancia en cuestiones administrativas de sus víctimas. Destacó que las relaciones entre las familias no solo no eran malas, sino que los padres de ella vendieron una casa para ayudar a la pareja (ella tenía 18 años; él, 20); por su situación este caso, dijo, causa especial repulsa.

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