El fiscal pide 20.000 euros de indemnización para cada hija


El acusado, de unos 45 años, se encuentra en prisión provisional desde el 22 de junio de 2015. Llegó a la Audiencia conducido por la Guardia Civil, y se bajó del vehículo policial con la cara cubierta. A principios de los años 90, ya tuvo problemas legales por tenencia de pornografía infantil. En aquel momento alegó que estaba escribiendo un libro sobre este asunto.

De acuerdo con el relato del fiscal el hombre juzgado ayer, supuestamente participaba en un estricto servidor de Internet dentro de la red Tor.

En cuanto a las niñas, parece, a tenor de lo expuesto en el relato del fiscal, que no presentan lesión física alguna derivada de los hechos que se atribuyen al acusado, ni parecen mostrar síntomas de problemas emocionales ni cognitivos, aunque sí síntomas ocasionales de problemas funcionales, tales como pesadillas. Indica que no es posible predecir si en el futuro podrán existir consecuencias o daños psicológicos.

Patria potestad

Por los delitos de abuso sexual, el fiscal pide, además de 12 años de prisión por cada uno de los dos, prohibición de aproximarse a sus hijas, a su hijo y a su exmujer a una distancia inferior a quinientos metros, así como de comunicarse con ellos por cualquier medio y acudir al municipio de residencia durante quince años.

Por el delito de distribución de pornografía infantil, además de nueve años de prisión, también la prohibición de aproximarse y comunicar por cualquier medio con sus hijos y exmujer y acudir a su municipio de residencia por quince años. Además solicita 10 años de libertad vigilada y la privación de la patria potestad.

Indemnización

La petición de pena de la fiscalía incluye una indemnización de 20.000 euros a cada una de las niñas, como resarcimiento de los daños morales.

El juicio, a puerta cerrada, se prolongó hasta cerca de las 15.30 horas. Alrededor de las 12.30 horas de la mañana hubo un breve receso. La celebración de esta vista concitó un considerable interés de los medios de comunicación social.

El fiscal pide que al acusado se le prohíba acudir al municipio donde reside su familia

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