Once familias fueron alojadas en pisos públicos por ejecuciones hipotecarias

La Xunta activó el programa en casos registrados en Lugo, Viveiro, Rábade y Cervo


/ la voz

El Gobierno gallego ha entregado doce viviendas en la provincia de Lugo desde que se activó el programa de realojo de afectados por ejecuciones hipotecarias. Once son propiedad del IGVS y otra, de Abanca. La gran mayoría -nueve- fueron para residentes en la ciudad de Lugo, mientras que el resto de los pisos fueron para una familia que reside en Viveiro, otra en Rábade y otra en Cervo.

Fuentes de la delegación territorial de la Xunta indicaron que las viviendas adjudicadas en el programa de realojos por ejecución hipotecaria son de promoción pública, propiedad del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), salvo que en el municipio donde resida la familia o el solicitante no haya vacantes. En esos casos, se intenta adjudicar una vivienda cedida por una entidad bancaria o se abre nuevo proceso del programa Aluga. Las mismas fuentes confirmaron que las viviendas adjudicadas hasta ahora en la provincia son todas de promoción pública, excepto la concedida en el municipio de Rábade, que es propiedad de la entidad Abanca.

43 ayudas de alquiler social

En lo que respecta al bono de alquiler social, la Xunta ha concedido 43 ayudas en la provincia. La mayoría de los beneficiarios residen en la capital: 34. En lo que respecta al resto de la provincia, el Gobierno resolvió conceder uno de los bonos a residentes en Cervo, otro a vecinos de Foz, tres a residentes en Monforte y cuatro a familias de Sarria.

Burela concede ayudas para alquilar y prohíbe cortar el agua a quien no tiene recursos

La Xunta dedicó 504.440 euros durante el año pasado a financiar las ayudas para que 400 lucenses pudieran financiar el alquiler de su vivienda. Además de los trámites que se realizan desde el Gobierno gallego, hay ayuntamientos, como el de Burela, que ha puesto en marcha diversas iniciativas en este sentido. El pasado mes de febrero, el Concello y la empresa Espina y Delfín -concesionaria del servicio de aguas- firmaron un convenio para evitar que se corte el suministro de agua a ningún vecino sin recursos.

Emergencia social

Además, el Ayuntamiento burelense desarrolló a finales del año pasado una ordenanza que regula el acceso a las prestaciones de emergencia para los empadronados en el municipio, que contempla diversas ayudas, como la de hasta 400 euros para pagar el alquiler.

Viveiro avanza en el programa de viviendas vacías, establece colectivos prioritarios y un alquiler máximo de 300 euros

El Concello de Viveiro publicó las bases que regularán el programa de viviendas vacías, un plan creado en virtud de un acuerdo con el Instituto Galego de Vivenda e Solo. Las bases establecen qué tipo de características deben reunir las viviendas y fijan que la renta del alquiler no podrá superar los 300 euros. «Para efectos de determinar dito prezo máximo establécese unha superficie máxima computable das vivendas de 90 metros cadrados», recogen las bases que se pueden consultar el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo. Podrán solicitar la incorporación al programa aquellos titulares de viviendas que cumplan los requisitos establecidos. Deberán comunicarlo al Concello, que procederá a realizar una inspección técnica de las instalaciones antes de emitir un informe técnico. En éste se notificará al propietario la necesidad o no de realizar reformas.

Requisitos de ambas partes

Las bases también incluyen los requisitos que deberán cumplir los demandantes de estas viviendas, si bien tendrán condición de colectivos prioritarios las familias afectadas por procedimientos de ejecución hipotecaria, las inmersas en un proceso judicial de desahucio por impago de rentas de su vivienda habitual, las unidades familiares con hijos menores así como las familias numerosas y las monoparentales con hijos a su cargo, las unidades familiares en las que existan personas mayores de 65 años o personas con dependencia o discapacidad reconocida igual o superior al 33 %, las formadas exclusivamente por personas entre los 18 y los 35 años, entre otras.

La formalización del contrato será comunicada al Instituto Galego de Vivenda e Solo y el arrendatario deberá abonar la primera mensualidad por adelantado y hacer entrega de la fianza por una cuantía equivalente a una mensualidad de la renta.

El contrato tendrá una duración inicial de un año, prorrogable, si bien la falta de ocupación de la vivienda en el plazo de un mes será una de las causas para anular el contrato.

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