La Xunta, pendiente del informe municipal para el alquiler social por el desahucio de una familia de Foz

Las consellerías de Política Social y de Infraestruturas e Vivenda siguen muy de cerca el caso de la mujer de Foz con dos hijos menores de edad sobre la que pesa una orden de desahucio de vivienda. Desde ambas consellerías reconocieron que ayer seguían esperando el informe de Servizos Sociais del Concello que, previsiblemente, incluirá una petición para solicitar el bono de alquiler social del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), lo que permitirá buscar una vivienda alternativa para la familia, con el apoyo de los servicios sociales municipales. A las tres de la tarde, el informe requerido por la Xunta todavía no había sido remitido a Lugo, según confirmaron desde la Xunta.

El Gobierno gallego continúa pendiente del caso y para hoy está previsto que la jefa de área de la Consellería de Infraestruturas se interese en Foz por el caso y pueda aclarar cualquier duda que haya al respecto. Tanto el informe municipal como la solicitud del bono de alquiler son documentos imprescindibles para que la Xunta tramite la petición, que tras ser analizada para supervisar que cumple con los requisitos establecidos, deberá ser aprobada finalmente por el director xeral del IGVS. Desde Política Social reconocieron no tener noticia del caso de Foz hasta el día que salió publicado. Tras contactar con Servizos Socais pudieron confirmar que «a unidade familiar afectada polo risco de desafiuzamento está composta por unha nai e dúas fillas menores de idade, con indicios de vulnerabilidade social».

Moción de urgencia del PSOE

También se prevé que el caso sea analizado en la sesión plenaria que hoy, a las 20.30 horas, se celebrará en Foz. Desde el PSOE ya avanzaron que presentarán una moción de urgencia para pedir al Concello que tome todas las medidas a su alcance para facilitar el acceso a viviendas dignas y se evite el riesgo de exclusión social. A propósito del caso de la mujer y sus dos hijos, los ediles socialistas solicitarán al Concello, entre otras cuestiones, que complete el bono social de la Xunta con ayudas municipales, que se adhiera al convenio o al programa de viviendas vacías de la Xunta «para facilitar vivendas en aluguer a persoas en risco de exclusión social e violencia machista», que haga gestiones para firmar un convenio con empresas promotoras de Foz para que pongan a disposición viviendas que puedan ser usadas para atender estos casos, así como que se fomente que particulares con viviendas vacías «as poñan a disposición do Concello para integralas no programa da Xunta e ter un rexistro das mesmas».

En la asamblea celebrada el martes por Foz Plataforma de Futuro también se abordó el caso y hoy está previsto que la edila María Peña formule una pregunta sobre este asunto en el pleno.

Pisos de alquiler social en Trabada y Mondoñedo por menos de 250 euros y en Viveiro por 300

El convenio firmado esta semana por la alcaldesa de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, con las alcaldesas de Trabada, Mondoñedo y Viveiro por el cual estos tres concellos se unen al Programa de vivendas baleiras da Xunta, para crear bolsas de viviendas sociales con los inumebles desocupados, permitirá ofercer a familas con recursos escasos pisos en Trabada y Mondoñedo por un alquiler mensual de menos de 250 euros, y en Viveiro por menos de 300. La cuantía final vendrá determinada por las características de la vivienda y por las circunstancias de los beneficiarios. Las viviendas que se incorporen al programa estarán aseguradas por la Xunta.

400 lucenses recibieron en 2016 ayudas para arrendamiento

La Xunta dedicó 504.440 euros el año pasado para financiar las ayudas para que 400 lucenses pudieran financiar el alquiler de su vivienda. El delegado territorial en la provincia, José Manuel Balseiro, explicó ayer que los apoyos económicos se canalizaron a través del programa de ayuda al alquiler de vivienda (que gestiona la Administración gallega en ejecución del plan estatal de vivienda), el programa Aluga y el bono social. Recordó las medidas adoptadas por la Consellería de Infraestruturas para garantizar el derecho a la vivienda: «Non están limitadas ás persoas que sofren un desafiuzamento, senón que tamén son medidas ás que poden acollerse todas as familias que afronten dificultades, tanto para acceder a unha vivenda como para conservar a súa». El delegado avanzó que el bono social ampliará su duración de dos a tres años y recordó que los beneficiarios podrán seguir contando con una ayuda de 200 euros mensuales, que podrá incrementarse hasta un 20 % en el caso de que los arrendatarios sean integrantes de familia numerosa o de una unidad de convivencia que necesite una vivienda adaptada para alguno de sus miembros. A esta cantidad -añadió- se suma una ayuda única de 600 euros para gastos derivados de la formalización de nuevos contratos de arrendamiento o para pagar atrasos en el caso de permanecer en la vivienda objeto del procedimiento judicial de desahucio.

Además de recordar todos los programas en marcha, Balseiro adelantó que la Xunta trabaja para poner en marcha este año nuevas medidas y que éstas lleguen a todas las familias y a todas las personas que las puedan necesitar.

Petición de paralización al Juzgado y medidas de protección

El Concello focense fue la primera Administración en tener conocimiento del caso de la mujer y de sus dos hijos, si bien, como precisó el alcalde, Javier Jorge Castiñeira, él desconocía que había fecha definitiva para ejecutar el desahucio. El regidor confirmó que habían asesorado e informado a la mujer, usuaria de varios servicios sociales municipales, en la búsqueda de un trabajo. Por su parte, desde la Xunta de Galicia reconocen que las competencias que tienen en materia de desahucios son las que recoge el protocolo de actuación.

protocolo

¿Desde cuándo está en vigor? El protocolo se recoge en el convenio de colaboración sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del desahucio de la vivienda habitual, además de medidas de carácter social. Fue firmado por el Consejo General del Poder Judicial, la Xunta de Galicia y la Fegamp el 8 de abril de 2013.

¿Cuándo interviene?

Actuación de la Xunta. A la Xunta de Galicia solo le corresponde intermediar en la gestión de los casos de desahucio cuando el propio juzgado o bien los servicios sociales comunitarios municipales le derivan el caso mediante el envío del correspondiente informe social que acredite la existencia de una situación de vulnerabilidad social.

otras situaciones

Cuando los casos no son informados por servicios sociales. Desde el Gobierno gallego indican que cuando tienen conocimiento de algún caso del que no han sido informados siguiendo el protocolo de actuación (puede ser a través de la prensa), desde el Servizo de Coordinación de Servizos Sociais Comunitarios se contacta con los servicios sociales comunitarios municipales para comprobar si procede o no activar el protocolo de actuación o adoptar otra medida de protección social.

¿cuándo solicitarlo?

Suspensión del desahucio por el juzgado. La Administración gallega puede solicitarle al juzgado la suspensión del desahucio por el tiempo que sea necesario para activar las medidas de protección social adecuadas, que pueden consistir en la tramitación prioritaria de prestaciones económicas, en la activación de alguno de los recursos de protección de menores o en la tramitación prioritaria de los recursos del área de vivienda gestionados por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), principalmente el bono de alquiler social del Plan Rehavita.

los beneficiarios

Requisitos para poder disfrutar del bono social. Además de una solicitud con un informe de los servicios sociales, el solicitante debe justificar no tener deudas con las Administraciones públicas. Se remite la petición al área provincial del IGVS, que emite una propuesta de concesión del bono. Para poder cobrarlo, los beneficiarios deben presentar el contrato de alquiler de la nueva vivienda.

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