El auto judicial considera que el gobierno de Viveiro no malversó fondos públicos
08 may 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El Juzgado nº 2 de Viveiro decretó el sobreseimiento de la denuncia que presentó el ex presidente del PP local, César Aja, contra las juntas de gobierno de Viveiro, desde el 2006 al 2013, por supuesta malversación de fondos públicos con las ayudas a la organización del Resurrection Fest.
La jueza considera que de las diligencias realizadas durante el periodo de instrucción «no puede concluirse que exista un acto de sustracción de fondos municipales», al considerar que las cantidades empleadas «se entregaron para pago de distintos servicios, justificados con las correspondientes facturas, y las subvenciones concedidas se aplicaron en la contratación de grupos musicales», según justificó la organización del festival ante en el Concello «con el correspondiente contrato».
La titular del juzgado viveirense alude a un auto del TSJ de Andalucía del 2 de septiembre del 2014, y al concepto de autonomía local y sus competencias, que no son rígidas y tienen un margen de iniciativa para acometer y financiar actividades y servicios «atípicos, no expresamente contemplados por la Ley, pero tampoco excluidos, que redunden en beneficio de la comunidad vecinal». Y es el «pluralismo en la concepción de lo que redunda en el beneficio o no de una comunidad lo que pertenece al ámbito de la política y lo que solo políticamente ha de ser dilucidado». Así, considera que «gastar o no dinero público en mobiliario urbano más o menos sofisticado, en festejos, festivales musicales, fomento del deporte o y la cultura de base, o en la organización de grandes eventos (...) es una elección política cuyo control fundamental es también político y democrático». Son los órganos de representación social los que «con el límite de lo prohibido legalmente pueden decidir cómo emplear los recursos» y los ciudadanos los que a través de diferentes cauces, entre ellos las urnas «pueden aprobar o reprobar tales decisiones».
Señala la jueza que sin perjuicio de la valoración política sobre el destino que se dio a los fondos públicos, «lo cierto es que tal destino no puede calificarse como privado, pues lo que se pretende con la financiación del festival no es un interés patrimonial o privado de ninguna persona en particular, sino la promoción de la localidad a través del festival, y con tal objeto se realizan los gastos». Y añade que «no existen indicios de que el festival reporte los beneficios que se denuncian, ni que estos deriven de los gastos que concede el Ayuntamiento».
El auto se dictó en julio pasado, y trascendió ahora. «Nos enteramos tarde porque no estábamos personados, pero es una buena noticia porque son muchas las denuncias que ese señor hizo al gobierno de Melchor Roel y la comisión de Viveiro», dijo la alcaldesa, María Loureiro. Añade que el auto refrenda «lo que siempre dijimos nosotros, que el Resu sirve para promocionar Viveiro. No hay nadie que niegue su impacto económico».