Condenan a la Xunta a abonar a una barreirense la ayuda por haber cuidado a su madre

La vecina acudió a los tribunales cuando el Gobierno gallego desestimó el recurso de alzada tras ver que la Administración archivaba el expediente


VIVEIRO / LA VOZ

El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Lugo dictó sentencia el día 13 condenando a la Administración a abonar a una vecina de Barreiros la prestación económica por haber cuidado a su madre.

La barreirense acudió a los tribunales cuando la Xunta desestimó el recurso de alzada que interpuso la afectada al ver que la Administración archivaba en abril de 2015 el expediente del programa individual de atención (PIA), debido al fallecimiento de su madre. Su objetivo era que le reconocieran el derecho a percibir la prestación que reconoce la Ley de Dependencia por el cuidado de su progenitora y que esta ayuda se prestara por el período comprendido entre el 10 de noviembre de 2009 y el 3 de abril de 2015. La demandante cuantificaba el importe de la prestación adeudada en 24.945 euros, a los que habría que sumar los intereses legales.

Según el fallo judicial, el 9 de noviembre de 2009 se solicitó de los servicios sociales del Concello de Barreiros el reconocimiento de la situación de dependencia de la anciana y el derecho a percibir prestaciones por su cuidado, emitiéndose desde estos servicios informe favorable para que se concediese la ayuda al entorno familiar de la anciana, a quien el 2 de julio de 2010 le reconocían en la jefatura territorial de Benestar la situación de dependencia con carácter permanente.

El 11 de abril de 2011 el órgano de valoración informa favorablemente que se conceda la PIA a la hija de la dependiente (la denunciante) desde el 1 de diciembre de 2009 (ya acumulaba atrasos por valor de 6.367 euros). Pero el 5 de abril fallecía la dependiente sin que se hubiera dictado resolución expresa para aprobar la PIA, aunque la denunciante consideraba que la prestación estaba aprobada por silencio administrativo y por el transcurso de los plazos legales.

La Justicia, con este fallo judicial, le da la razón a la demandante, representada en los tribunales por el letrado Miguel Fernández Freire.

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