La plantilla mantiene su demanda de que la instalación se municipalice
11 ene 2015 . Actualizado a las 16:45 h.La situación de la piscina municipal de Viveiro, pendiente de que el Concello decida cómo afronta a partir del 1 de diciembre su gestión debido al déficit que acumula, ha despertado el interés de al menos tres empresas foráneas a las que podría interesar la concesión de la instalación.
Fuentes de una de ellas explicaron a La Voz que consideran que la piscina es «viable por el público usuario, el entorno, porque el problema no es tanto el modelo como la gestión, porque como cualquier otro negocio tienen que tener una orientación a lo que el cliente demanda». Si bien reconocen que la experiencia de la piscina viveirense durante la etapa que estuvo gestionada de forma privada «no funcionó», también aluden a otros ejemplos «en los que sí lo hace, como Ribadeo, Betanzos o Vigo». Una auditoría permitiría saber cuál es la situación de la infraestructura , «porque a lo mejor requiere una inversión que mejore su equipamiento técnico, niveles de confort y servicios complementarios para ser un gran centro de deporte y salud».
El 30, nueva concentración
Mientras tanto, la plantilla de la piscina continúa con su campaña de movilizaciones demandando su municipalización, que sea el Concello quién la gestione directamente y de manera eficaz una vez sea disuelta Turviveiro. Pretenden convocar una nueva concentración el próximo 30 de enero, similar a la que celebraron en los últimos días de diciembre. Marcos Pérez, de CC. OO. recriminó al gobierno local y al resto de los partidos políticos «voluntad política en cumplir lo que firmaron hace meses para municipalizar la piscina». El portavoz sindical cuestionó también a la presidenta del consejo de administración de Turviveiro, Covadonga Viamonte. «Nosotros seguimos esperando una respuesta a las tres preguntas que hicimos; si se va a municipalizar, si se va a sacar a concurso, y que se va a hacer el año que viene [por este 2015] », explicó ayer. Ceder a la gestión privada de nuevo supondría «la dejación de funciones y la precarización del servicio. No es un problema laboral, sino de buscar que se gestione de manera eficaz el dinero de todos», señaló el portavoz del sindicato CC. OO.