El director general, Darío Diéguez, envió fotos a la jueza
12 abr 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La magistrada que dirige la operación Carioca, Pilar de Lara, no pudo llegar a localizar los numerosos expedientes correspondientes a las multas impuestas y no pagadas por parte de los principales responsables de los burdeles, porque el archivo del negociado de sanciones está totalmente desordenado y, además, resultó inundado. La jueza pidió explicaciones al director general de la guardia municipal, Darío Diéguez y éste le envió un reportaje fotográfico con el lamentable estado de las dependencias donde debían archivarse los expedientes. Un gran número de cajas se encuentran tiradas por los suelos, cajas de folios hacen las veces de archivadores y, en definitiva, el local más que un lugar para el almacenado y cuidado de documentación se asemeja a un basurero.
Con este panorama, resultará difícil conocer las razones por las cuales se archivaron las multas que los imputados evitaron pagar. Se sabe, eso sí, que son más de un centenar las sanciones que alguien evitó que los infractores abonaran. El caso fue desviado al Juzgado de Instrucción número 3 porque es el que investiga las presuntas irregularidades en la tramitación de multas en la Policía Local de Lugo.
Por la respuesta transmitida por el director general a la jueza, puede deducirse que no solo el archivo era un auténtico descontrol sino que al mismo tiene acceso libre cualquier persona vinculada al departamento de sanciones.
Los expedientes que busca la justicia están, supuestamente, tirados en dos celdas ubicadas en la segunda planta del edificio de la sede policial. Darío Diéguez le contó por escrito a la juez que dichas dependencias fueron objeto de diversos infortunios. Entró el agua como consecuencia de la rotura de cañerías. Esta circunstancia motivó, según el director general, que hiciera prácticamente imposible la localización de los mismos.
La situación parece tan kafkiana que una de las puertas de acceso a los archivos quedó totalmente bloqueada y nadie se preocupó por llevar a cabo por su reparación para tratar de salvar la documentación o, por lo menos, ponerla en orden.
Diéguez envió a la jueza, en cambio, en un soporte magnético las denuncias archivadas por prescripción y error material durante los años 2008 y 2009, así como la identidad de los sancionados. Asimismo, identificó a quienes firmaron el archivo de los expedientes correspondientes a José Manuel García Adán y José Ramón Vázquez Río, así como los funcionarios que se ocuparon de los mismos o no tramitaron la documentación.