• Fernando Blanco, tras el archivo de su imputación por la jueza De Lara: «Estiven oito anos inhabilitado»

    El exconselleiro del BNG cree que los partidos deben repensar si los políticos investigados deben siempre dimitir

    Xurxo Melchor Santiago.

    Tras casi ocho años en silencio, los que ha durado su imputación por la jueza de Lugo Pilar de Lara en el marco del caso Campeón, Fernando Blanco, exconselleiro de Industria del BNG, ha querido hablar ahora una vez que la Audiencia Provincial luguesa ha decretado el archivo del procedimiento para lamentar el injustificable tiempo transcurrido desde que se iniciaron las investigaciones, que le obligaron a dimitir como diputado en el 2011. «Alégrome de que isto rematara e que o fixera como sempre defendimos. Colaboramos sempre xa xustiza, respostamos a todas as preguntamos e levamos todas as probas de que non había nada», señaló, por lo que no comprende cómo ha podido estar tanto tiempo enfrascado en esta situación. «Estiven oito anos inhabilitado en termos políticos», añadió.

    Las críticas tanto de Blanco como de sus abogados, Evaristo Nogueira y Xoán Antón Pérez-Lema, se han dirigido hacia el sistema en sí, para el que piden reformas que eviten que otras personas puedan estar tanto tiempo imputadas. «Espero que todo isto sirva para que outros non teñan que soportar isto», ha afirmado el exconselleiro, aunque el comentario de uno de sus letrados ha ido algo más allá, señalando a la jueza De Lara al afirmar que «neste procedemento houbo características moi específicas», dijo Pérez-Lema.

    Para Evaristo Nogueira, Fernando Blanco es el «paradigma da pena de banquillo», algo que ha tenido «consecuencias irreparables, políticas e persoais». El letrado recordó, además, que el miembro del BNG no es el único que está sufriendo este tipo de retrasos, por lo que reclama modificaciones en el ordenamiento jurídico penal para evitar estas interminables instrucciones.

    En lo que respecta a la respuesta política ante imputaciones, Blanco confesó que cuando dimitió estaba convencido de que era lo que debía hacer todo político investigado judicialmente, pero que pensó que en cinco o seis meses, o en un máximo de dos años, el asunto estaría resuelto. Visto que ha tenido que esperar casi ocho años, el exconselleiro de Industria con el Bipartito cree ahora que los partidos deben repensar ahora sus exigencias «para que a xustiza non se utilice politicamente» al punto de que decida quién puede o no estar al frente de una institución, tener un cargo público o presentarse a unas elecciones.

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