• La Justicia es un peaje en las alcaldías por el que algunos pagan más

    ANÁLISIS | En la comarca hay dos condenados, un tercero que acaba de quedar absuelto y dos alcaldables a las puertas de juicio oral

    Toni Longueira/ J. V. Lado Carballo / La Voz.

    La que se había presentado en su día como la mayor trama municipal de corrupción en la Costa da Morte tiene todos los visos de quedar en nada. Llegó a haber 27 investigados por supuestas mordidas a cambio de adjudicación de obras: políticos, funcionarios y empresarios de la zona. Sin embargo, cada una de las diligencias abiertas se fueron archivando como si de un castillo de naipes se tratara.

    Fueron absueltos tres regidores: José Manuel Santos (Mazaricos), José Manuel Traba (Fisterra) y Francisco Javier Lema Fuentes (Corcubión). Un cuarto, el de Cee, Ramón Vigo, apunta también a absolución debido a la anulación de las escuchas telefónicas. La Fiscalía pedía para él hasta 20 años de prisión y ha quedado exonerado, algo que podría quedar ratificado el día 26 (martes), fecha en la que quedó fijado el juicio. De ratificarse la absolución, Ramón Vigo, líder de IxCee, podría presentarse a la reelección sin problemas.

    ¿Quiénes no podrán optar a la alcaldía?

    Manuel Valeriano Alonso de León ha quedado inhabilitado en agosto para ejercer cargo público durante cuatro años por un delito continuado de prevaricación administrativa por la contratación de una persona que había formado parte de su partido, por una contratación fuera de procedimiento. Sandra Insua, actual alcaldesa, será la que lidere la lista en el mes de mayo.

    ¿Puede presentarse García Liñares a la reelección?

    Según la normativa, publicada en el BOE, se excluyen «los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las instituciones del Estado». José García Liñares fue condenado en primera instancia a un año y medio de prisión y 16 de inhabilitación por prevaricación administrativa y fraude en la contratación de una obra presupuestada en unos 325.000 euros. Liñares entiende que la sentencia no es firme y que, como todo ciudadano, según la Constitución, tiene derecho a presentarse a la espera de que un juez ratifique el fallo. Sin embargo, y para curarse en salud, decidió delegar la alcaldía en Cristina Capelán Cancelo, la edila de Cultura y Educación, que ejerce de mandataria en funciones de Cerceda desde el 27 de febrero, fecha en la que se celebró el polémico pleno por el que el secretario, Raúl Martínez Martínez, daba cuenta a la corporación de la sentencia y, por tanto, según él, Liñares dejaba de ser alcalde. Liñares, por su parte, recurrió ante el Contencioso la resolución de este pleno y la actuación del funcionario al entender que se había excedido en sus labores.

    Desde el punto de vista jurídico, a García Liñares se le han abierto tres posibles escenarios. El primero, que la Audiencia Provincial ratifique la primera condena y, por tanto, quedaría inhabilitado. Que la Audiencia falle a su favor y, por tanto, podría ser elegible por el PSOE. Y la tercera posibilidad es que la Audiencia Provincial no se pronuncie antes de presentar las listas a la junta electoral. Aquí cabría la posibilidad de que solicitase un recurso de amparo. Tanto Audiencia Provincial como la junta electoral tendrían que decidir si puede, o no, encabezar la lista del PSOE en Cerceda. Por si las moscas y en previsión del peor de los escenarios, en el PSOE ya se barajan alternativas a Liñares: Juan Manuel Rodríguez García suena en muchas quinielas para liderar al Partido Socialista en los comicios de mayo.

    ¿Hay más alcaldables investigados en la zona?

    Sí, dos. El portavoz del PP en Ponteceso, José Luis Fondo Aguiar, para el que la Fiscalía pide 4 años y medio de prisión y 18 de inhabilitación por supuestos delitos de prevaricación administrativa y fraude. El otro es Antonio Pensado Plágaro, líder de la Agrupación de Electores de Coristanco y alcalde entre 1991 y 2015. Tiene abierto juicio oral por prevaricación y falsedad documental. El Ministerio Fiscal solicita cuatro años y medio de prisión y 36 de inhabilitación. En todo caso, ambos podrán ser cabezas de lista al no haber sido condenados hasta la fecha por ningún juez o tribunal.

    Ver Comentarios