Además de los 1.100 euros del canon por la televisión, la entidad exige a un jubilado de Mazaricos el pago en ocho días de las costas e intereses de la demora
10 dic 2008 . Actualizado a las 10:33 h.Los intentos de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por aumentar la cuantía económica que generan los derechos de propiedad intelectual de sus asociados no dejan de causar sorpresas a cada paso. En esta ocasión el objetivo de los servicios jurídicos de la entidad, que, al parecer, aglutina a más de 90.000 artistas, no es otro que un bar de Mazaricos que lleva cerrado nada menos que 23 años.
El dueño del local, ya jubilado, no podía salir de su asombro al recibir la comunicación de la SGAE en la que se le reclamaban un total de 1.100,52 euros en concepto de un supuesto contrato suscrito en su día por la modalidad de televisión de su establecimiento. A esta cantidad habría que sumar además, tal y como se apunta en el propio escrito, las costas e intereses de demora correspondientes al período transcurrido entre enero del 2003 y septiembre del 2008. De lo contrario se le amenaza con recurrir a los tribunales de Justicia.
«Chamei á delegación general da SGAE en Galicia, dende onde me remitiron á súa representante na miña zona, á que chamei durante máis dunha semana sen que me collese o teléfono. Cando logrei falar con ela e explicarlle o problema só me dixo que non me preocupase que xa ela o arranxaba. Así, sen pedirme papeis nin nada», precisa el interesado, que teme que vuelvan a enviarle nuevos requerimientos o incluso que acudan al juzgado reclamándole la supuesta deuda. «Eu cerrei o bar no ano 1985 e, que a min me conste, sen ter débedas con ninguén. Sei de xente á que denunciaron e non quero que a min me pase o mesmo», confiesa preocupado.
Tal y como precisa el propio afectado, esta no es la primera vez que la gestora de los derechos de autor pretende cobrarle el canon por la televisión de su antiguo local. Lo intentaron hace unos años, si bien creyó, por lo visto sin demasiado acierto, que el envío de la documentación que acreditaba la baja del negocio serviría para que el asunto se diese por cerrado.
«Xa é a segunda vez que me mandan unha carta deste tipo. Haberá catro ou cinco anos recibín outra na que viñan reclamando máis de 1.500 euros polo mesmo. Daquela envieilles a baixa de Facenda e un informe do Concello onde se sinalaba a data na que o negocio foi dado de baixa. Daquela dixéronme que todo estaba ben e que me borrarían do seu ficheiro», apunta el afectado, que prefiere mantenerse en el anonimato.