El PPdeG se comprometió a derogar el decreto del gallego, revisar el reparto eólico y elaborar un plan anticrisis y otro de austeridad para adelgazar la Administración
30 may 2011 . Actualizado a las 14:29 h.José Luis Rodríguez Zapatero comunicó su orden de retirar las tropas de Irak apenas un día después de tomar posesión de su cargo como presidente del Gobierno, el 18 de abril del 2004. La decisión fue uno de los Leitmotiv de la campaña y lo convirtió en el primer gesto distintivo de su Gobierno frente al de Aznar. El próximo presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, afronta su mandato con una serie de asuntos que el propio PPdeG convirtió en su principal agenda en la oposición y, después, en ejes programáticos de la campaña. A partir de ahora, serán los gestos que el Gobierno de Feijoo brindará al electorado que lo aupó a la Xunta y para los que aún no hay un cronograma concreto.
1. Plan de austeridad y reducción del aparato administrativo de la Xunta.
Durante gran parte de la precampaña las críticas a los gastos «superfluos» de la Xunta y a la inflación de asesores centró el discurso del PP. Quizás esta veta crítica tenga su símbolo más acabado en el Audi oficial de Touriño que «costaba más que el de Obama» y que los populares pondrán a la venta en subasta pública. Pero más allá de las anécdotas, el PP esbozará un plan de austeridad para que la Xunta sea menos onerosa para los contribuyentes y que el dinero ahorrado sirva para fomentar políticas de promoción económica en un contexto de crisis global. Este plan de austeridad no afecta a los servicios básicos como la educación, la sanidad o los servicios sociales. Pero parte de la base de que Galicia es la cuarta comunidad con el gasto público más elevado y la tercera más endeudada.
En este objetivo será crucial el adelgazamiento administrativo de la Xunta, que reduciría de trece a diez las consellerías del Gobierno autónomo «para facilitar a coordinación do conxunto da Administración». Esta reorganización, que incluye reducir un 40% los altos cargos, se afrontará poco después de la investidura, pues de ella depende el nombramiento de los conselleiros. El racimo de delegaciones provinciales se concentrará en un delegado provincial único al que se añadirá un representante específico para el área de Vigo. El plan también incluye una reforma del control del gasto público.
2. Políticas anticrisis.
Los populares son conscientes de que la situación económica es una de las razones que los auparon al poder autonómico y entre sus propuestas figura una reducción de impuestos para devolver capacidad adquisitiva a las familias. Esta reforma impositiva incluye eliminar el impuesto de sucesiones, rebajar el de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados. También se plantea la reducción del tramo autonómico del IRPF para las rentas más bajas. Más a largo plazo se impulsará una ley para crear un ente tributario gallego y otra para reforzar el compromiso social y con Galicia de las cajas de ahorros. Los dos ejes que guiarán la política económica girarán en torno al fomento de la competitividad y la creación de empleo, con un Igape reforzado que concentrará todas las ayudas a la iniciativa empresarial. Se mejorará el control de la competencia para evitar monopolios y se creará un fondo de capital riesgo para invertir en ideas de I+D concebidas en Galicia. La Xunta pagará en 45 días todas sus facturas.
3. Revisión y eventual anulación del reparto eólico.
El Gobierno del PP se embarcará en una compleja revisión jurídica del concurso eólico planteado por la Consellería de Industria del BNG, decidiendo, «en su caso», la anulación del reparto y una nueva convocatoria. No obstante, este proceso se detallará una vez que, tras el traspaso de poderes, los populares tengan acceso al expediente de Industria y después de consultar a los servicios jurídicos de la Xunta.
4. Derogación del decreto del gallego en la enseñanza.
La presencia de destacados dirigentes del PP en la manifestación de Galicia Bilingüe refleja el apoyo de este partido a lo que definen como «bilingüismo armónico». Este punto de partida llevará a la derogación del decreto sobre el uso del gallego en la enseñanza para apostar por una mayor «flexibilidade» respecto a la lengua vehicular en la educación. En su Contrato con Galicia , Feijoo asegura que «debe garantirse a liberdade para escoller lingua en todos os ámbitos». Las galescolas también pasarán a la historia, integradas bajo el paraguas de Educación y con el nombre menos marcado de «escolas infantís».
5.Dirección consensuada de la televisión
El PP planteará que el próximo director general de la CRTVG surja del consenso parlamentario del que gozan figuras como el Valedor do Pobo y que su nombramiento tenga el respaldo de dos tercios de la Cámara. En paralelo, pero con más largo recorrido, se plantean reformar la ley que rige la televisión autonómica.
6.Propuesta de Estatuto sin carácter prioritario.
El PPdeG elaborará una propuesta de Estatuto «consensuada, racional e acorde coa Constitución», aunque no será uno de los objetivos prioritarios del nuevo Gobierno en un contexto de recesión económica. El objetivo es la reforma pura y dura, «e non plantexar un conflito co Estado», así como buscar la suficiencia financiera.
7. La Ciudad de la Cultura, de nuevo en manos del PP.
Feijoo deberá enfrentarse a la herencia de quien fue su mentor para sucederle al frente del PP: la Ciudad de la Cultura que ideó Manuel Fraga y que después reinterpretó el bipartito. En su programa solo se prevé eliminar el adjetivo nacional, que el BNG endosó a algunos de sus edificios e impulsar «o carácter e a proxección internacional» del complejo. También cuenta con crear una fundación única para gestionarla y se incorporará al Gobierno central a su patronato, «axustando ao máximo os gastos» y con un modelo de gestión público-privado. No parece suficiente para resolver el grave problema creado.
8. Iniciativa propia en infraestructuras estatales.
Feijoo se propone acometer proyectos de infraestructuras estatales de dudosa calidad como el AVE a Lugo y después recuperar el dinero de fondos del Estado, con un convenio similar al que el Gobierno central firmó con el Ejecutivo vasco para las obras de la Y vasca.