Las Cortes españolas aprobaban una macroinstalación que prometía hasta treinta mil puestos de trabajo en la ría de Arousa y que uniría A Illa con Vilanova por la zona en la que años después se hizo el puente
Las protestas frente a la normativa europea sobre videovigilancia de las pequeñas embarcaciones fueron un clamor en los puertos de la orilla sur de la ría