Catorce familias dependen de los dos meses de sueldo impagados en el ISM

Cuando alguien cobra 1.200 o 1.300 euros y lleva dos meses sin percibir su salario, cualquier explicación, por razonada que sea, le sonará a excusa barata. El nivel de ingresos de los catorce trabajadores de vigilancia y conserjería que prestan sus servicios en el Instituto Social de la Marina de Bamio y se encuentran en esta situación varía en función de la trayectoria laboral de cada uno y puede ser algo mayor. Pero esos 1.200 euros son el promedio, y resulta evidente que, ajustándose a ellos, ninguna economía familiar puede gozar de capacidad de ahorro con la que ahora hacer frente a un impago tan prolongado. Este es el agónico estado de cosas que los representantes de los afectados y la central Alternativa Sindical le trasladaron ayer al alcalde de Vilagarcía de Arousa, el socialista Alberto Varela, que los recibió junto a la concejala de Emprego, Alba Briones.

Quienes deben satisfacer los salarios de diciembre y enero (el último, correspondiente a noviembre, no lo cobraron hasta mediados de diciembre) son los responsables de la empresa a la que el ISM contrató el servicio, Mersant Seguridad, que ofrece sus prestaciones a otros muchos centros de las Administraciones estatal y autonómica.

La retención de los salarios

Los trabajadores explicaron a Varela y a Briones que el instituto abona mensualmente el pago de su contrato a la compañía, pero una deuda con la Agencia Tributaria hace que el dinero sea retenido y no llegue a sus destinatarios. Algo que los afectados no acaban de entender, puesto que Mersant trabaja también en el sector privado, pero en su caso los pagos no son bloqueados.

Los doce vigilantes (son los diez titulares más otros dos contratados para hacer frente a sendas bajas) y las dos auxiliares de conserjería representan, queda dicho, a catorce familias. La mayoría viven en la capital arousana, donde se presta el servicio, pero no faltan empleados de Boiro, Noalla, Portas o Caldas que cada día deben llenar el depósito de combustible de sus vehículos para acudir a sus puestos, sabiendo que las semanas se suceden sin ver el fruto de su trabajo.

La rescisión del contrato parecería la solución más sencilla y justa. Pero las condiciones legales de este tipo de concursos no acostumbran a facilitar actuaciones tan directas como las que exige una situación que roza lo desesperado. Así que Varela Paz se comprometió ayer a mediar en el conflicto laboral para intentar que a los trabajadores se les abonen esas dos mensualidades y que, a partir de ahora, las nóminas les sean pagadas con la puntualidad necesaria. Para ello, el regidor hablará con el director del Instituto Social de la Marina y con el delegado del gobierno en Galicia. El objetivo es que entre el organismo y la Agencia Tributaria «estuden algún tipo de medida que facilite que os traballadores cobren os seus salarios», explica el Concello.

Satisfacción del sindicato

Por su parte, Alternativa Sindical valora el resultado de la reunión como muy positivo. Además de agradecer al alcalde su compromiso con la resolución del conflicto, la central destaca que Varela conociese el problema y hubiese iniciado contactos previos.