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Caso Baselga: cuestión de transparencia

Científicos gallegos recuerdan que todo investigador está obligado a publicar de dónde recibe financiación y cualquier conflicto de interés que pueda tener

La Voz de Galicia

Ética y transparencia. Miembros de la comunidad científica gallega apelan a esos dos conceptos para responder a la polémica suscitada en Estados Unidos después de que el diario The New York Times publicara el pasado sábado una investigación realizada en colaboración con Propública (organización de periodismo de investigación sin fines de lucro) en la que desvelaba que uno de los nombres más destacados en el mundo de la investigación contra el cáncer, el doctor José Baselga, director médico del Memorial Sloan Kettering Cancel Center de Nueva York, no había informado sobre sus conflictos de interés en varios artículos de los que era coautor y que luego fueron publicados en prestigiosas revistas como The Lancet o The New England Journal of Medicine.

El artículo aludía a que no había respetado las reglas de divulgación financiera que marca la Asociación Estadounidense para la Investigación de Cáncer. Fundamentalmente, obvió mencionar, al parecer, los tres millones de dólares que recibió de Roche en concepto de honorarios por consultoría y por acciones que tenía en Seragon, una empresa en cuya formación había participado y que luego acabó adquiriendo. El oncólogo reconoció a La Vanguardia que fue un error no mencionar esos vínculos en 17 artículos y lo atribuyó a «una falta de supervisión» en el proceso final de producción de los artículos científicos, pero «en ningún caso a una voluntad de ocultar información».

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La cuestión es que, al no haber declarado el vínculo que mantenía con la industria, se ha saltado las reglas éticas que marcan las sociedades científicas, además de las de las revistas biomédicas. Porque, ¿cuál es la política en estos casos?

Una obligación

«La forma de actuar está cambiando y camina hacia una mayor transparencia», explica Rafael López, jefe de Oncología de los hospitales públicos de Santiago y líder del grupo de investigación Oncomet (Oncología Médica Traslacional). Apunta también que «estamos obligados a publicar de dónde proviene la financiación de los trabajos que investigación que realizamos o cualquier otra actividad. Nos lo exigen las propias revistas. Pero además hay que poner cualquier contacto que pueda tener con la industria, aunque no tenga nada que ver con el proyecto en cuestión». Además, en Estados Unidos son especialmente escrupulosos con ese asunto, un camino que desde hace unos años también ha tomado Europa y, concretamente, España. «En Europa y también en España ha cambiado mucho el tema en los últimos años. Ahora los propios congresos, para poder presentar un trabajo, también exigen la declaración de intereses», añade López.

En esta misma línea se expresa José Castillo, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, al apuntar que, cuando haces una publicación o vas a un congreso, «tienes que jurar cuando tienes un conflicto de interés en los resultados que publicas. Hay veces que no es que has recibido una subvención económica, es que perteneces, por ejemplo, a la plantilla de asesores de una determinada empresa, tenga o no tenga que ver con el trabajo presentado». Y recalca que «todas las publicaciones tienen los controles jurados. Obviamente no mandan a la policía a casa, pero la comunidad científica tonta no es. Las publicaciones están ahí. Tú dices 'A', pero otros estudios dicen varias veces 'B'... Estas cosas acaban saliendo. No cabe duda de que el asunto está bien regulado. Es transparente porque la opinión científica internacional es muy rigurosa. Todo lo que es asegurar la independencia de la publicación es bueno y que se extremen los controles para evitar conductas no éticas».

Aunque otros científicos españoles cuestionan el tratamiento que se está dando al caso Baselga, el tema ha abierto otro debate en Estados Unidos. Es en qué medida las publicaciones tienen capacidad para controlar que la declaración de conflicto de interés resulta veraz.

«La industria tendría que financiar muchos más proyectos, lo que está mal es no ser transparente con los resultados»

No es lo mismo, pero el reportaje de The New York Times ha reactivado el debate en torno a la financiación de la investigación biomédica. En este sentido, José Castillo apunta que «la industria en España tendría que pagar muchos más proyectos, lo que está mal es no ser transparente con los resultados». Porque, como añade, «no es malo que la industria ponga dinero para no depender tanto de los fondos públicos. Cuando una investigación sale bien, está claro que el primer beneficiado es el paciente, pero el segundo es la industria privada. El Instituto Carlos III no comercializa el producto. La patente la compra la industria, que debería mojarse y pagar desde el principio porque la adquiere cuando ve que va a dar resultado. Debería hacerlo pero con transparencia. Sabiendo quién paga y dando a conocer tanto los resultados, tanto buenos como malos».

Eso de lo que habla sería, a su juicio, lo deseable, pero la realidad no es esa. «En España en torno a un 90 % de la financiación de la investigación biomédica proviene de fondos públicos, pero no porque se dedique más dinero que en otros países, lo es porque la participación privada es muy poca. Cuando se trata de realizar ensayos clínicos, un 95 % de los fondos son de la industria farmacéutica».

Desde el Comité Autonómico de Ética de la Investigación de Galicia, su presidenta Susana Romero, recuerda que pronto entrará en vigor un reglamento que ahonda en el aspecto de la transparencia a la hora de garantizar la eficiencia de los fármacos en los ensayos clínicos. En este sentido, añade que «los promotores y los investigadores están obligados a publicar los resultados de los estudios. Los datos que generan, tanto los positivos como los negativos, han de ser accesibles para su comprobación, independientemente de los conflictos de interés que existan». Y comenta que cualquier «relación personal o profesional lleva inherente conflictos de interés; ello no sería necesariamente problemático si se reconocen y abordan de forma adecuada sin que afecte al bien primario que es la mejor atención del paciente».

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