José Trigueros, ingeniero: «Con Ence estamos ante una vorágine administrativa, no es un tema ambiental»

José Trigueros (Madrid, 1950) es presidente del Instituto de la Ingeniería de España y de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil. Fue director general de Costas entre los años 2000 y 2004. Este mes se encuentra en Sanxenxo, donde veranea desde hace veinte años.

-¿Cómo valora lo que está ocurriendo con Ence?

-Me deja un poco sorprendido. Por un lado, es raro que en un momento determinado tanto trabajadores, sindicatos y patronal estén juntos en una idea que es el mantenimiento de la empresa en la ría de Pontevedra. Por otro lado, no es menos cierto que está en el dominio público marítimo terrestre, por eso es una concesión administrativa. Hay dos puntos de vista. Uno es la parte administrativa y el otro es la ambiental.

-¿Y cómo los evalúa?

-Es cierto que en un pasado la empresa no cumplía con los requisitos ambientales. Había malos olores, por ejemplo, pero hoy en día yo creo que cumple todos los que se le pueden exigir desde el punto de vista ambiental para que, excluyendo el tema del dominio público marítimo terrestre, ser una industria viable dentro de la ría. Si llega a estar unos pocos metros más hacia el interior, sería una industria viable. Desde la perspectiva ambiental, Ence cumple todos los requisitos para poder estar funcionando. Así que el problema es administrativo.

-¿Y cuál es su opinión sobre este segundo aspecto?

-El problema es que la empresa era consciente de que en el año 2018 se acababa la concesión y entonces inició en el 2013 un proceso para viabilizar la posible ampliación de la prórroga. No fue de un día para otro. En el 2016, entiendo que lógicamente, la Dirección General de Costas, cumpliendo todos los requisitos concedió esa ampliación por 60 años. Y se hizo con informe favorable de la Abogacía del Estado y con información pública. En fin, con todos los requisitos que la Ley de Costas pide. Es curioso que ningún partido político recurrió al respecto. El recurso que se presenta lo hacen el Ayuntamiento de Pontevedra y los ecologistas.

-¿Qué le parece el papel del Estado en el proceso judicial?

-Me sorprende mucho porque hay un informe de la Abogacía del Estado apoyando esta concesión, porque no puede ser de otra forma, y sin embargo, en el recurso la Abogacía del Estado del ministerio se allana, es decir, no continúa defendiendo los actos que había elaborado cuando dio la concesión. Es como decir oiga esto lo hemos hecho no sé cómo. La Abogacía del Estado es una institución e independiente del Gobierno que mande, tiene sus propios juristas y debe de mantener sus propias decisiones, con independencia del resultado judicial final. Es sorprendente que se haya allanado en este tema.

-¿Cree que esta decisión tiene repercusiones más allá de Ence?

-A mí se me ocurre pensar lo que podría ocurrírsele a cualquier ciudadano, esté de acuerdo o no con Ence, y es la inseguridad jurídica que se tiene por parte de cualquier emprendedor para iniciar un proyecto o bien para continuar uno previo. Porque, ¿qué se le puede decir al inversor que a partir del año 2016 o del 2017 invierte en Ence Pontevedra sabiendo que tiene 60 años de vida y que resulta que en el año 2021 se va al traste esta inversión ? ¿Quién es responsable de esto? No sé, a mí me cuesta mucho trabajo, siendo un inversor, o bien nacional o bien extranjero, el venir aquí y decir qué marco jurídico es el que nos acompaña en este tema. Y ya digo que sin entrar en el aspecto judicial, que tenemos que respetar las sentencias.

-¿Qué piensa de la sentencia?

-Me la he leído y en algunos casos yo podría decir que ha habido fallos de defectos de forma en la concesión, que se podrían haber justificado fácilmente. Me refiero a que no se había justificado suficientemente el interés público, o las mejoras ambientales. En el desarrollo sostenible y la economía circular, Ence lo cumple todo y es una industria importante en Galicia. Lógicamente si ahora viniera una empresa nueva a ubicarse donde está Ence se le diría que no, yo el primero, pero es que estamos hablando de una instalación que ya existe, que sabe que no puede perdurar en el tiempo, pero que cinco años antes de caducar su concesión, inició un procedimiento que podía haber sido negativo, pero fue positivo. Ahora hay que ver que decide el Supremo. Insisto en que es incuestionable que está en domino público marítimo terrestre, pero también lo están instalaciones eólicas y podrían ponerse en otro sitio. Quiero decir, que cada cosa tiene su interpretación, la Ley es interpretable. Fíjese la paradoja, si esos terrenos de Ence estuviesen adscritos al puerto de Marín, sí que tendría cabida la fábrica donde está. Es decir, estamos ante una vorágine administrativa que nada tiene que ver con el medio ambiente. Si ese terreno fuese del puerto de Marín, sí que podría seguir porque un puerto no está sujeto a la Ley de Costas.