Un estatuto como el de la abogacía para la profesión médica

Las demandas de los profesionales médicos se han dejado sentir en los últimos tiempos en el seno de la sociedad española y han tenido su eco en el resto de profesiones que, como la abogacía, guardan ciertas similitudes estructurales y competenciales: si la abogacía es presupuesto estructural de la tutela judicial efectiva, la medicina lo es de la efectividad real del derecho a la vida y a la integridad física.

La medicina afronta retos que, como en la profesión letrada, tensionan su naturaleza ética. El exceso en la carga de trabajo, que puede llegar a suponer un detrimento del servicio médico y asistencial; la mercantilización de la sanidad privada y la progresiva concentración empresarial; la digitalización y el auge de las plataformas sanitarias que amenazan con desvirtuar la naturaleza personalísima de la relación médico-paciente; el intrusismo profesional, o la presión económica sobre las decisiones clínicas, son algunos de ellos.

En este sentido, la sistematización de la deontología médica a través de un estatuto general aprobado mediante real decreto, como así existe ya en la abogacía, permitiría dotar de mayor coherencia y visibilidad jurídica a los deberes y derechos profesionales, fijando estándares comunes en todo el territorio español, reduciendo la fragmentación interpretativa y reforzando la seguridad jurídica.

Desde esta perspectiva es evidente que un estatuto específico para la medicina garantizaría un marco de responsabilidad profesional claro, coordinado y respetuoso con las exigencias constitucionales del derecho a la vida y a la protección de la salud. Un régimen jurídico, en definitiva, que preserve la independencia del acto médico y, a la vez, sirva de soporte normativo de los derechos del paciente.

Pues bien, llevada a sus últimas consecuencias, esta afirmación exige una construcción estatutaria explícita, sistemática y fundamentada de la profesión médica en España que responda a sus necesidades y demandas; acorde, por otro lado, con el papel central que esta desempeña en el Estado social y democrático de derecho.