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¿Impuestos para pagar las pensiones?

La Voz de Galicia

Pedro Sánchez propone sendos tributos para financiar las pensiones: una tasa sobre transacciones financieras y un impuesto extraordinario a los bancos. La propuesta del líder socialista no me convence por varias razones y menos aún su carácter finalista. Los impuestos no se emparejan generalmente con fines específicos. Nutren la caja común y esta soporta el gasto público. ¿Acaso no sería un disparate dedicar los ingresos por IRPF a pagar el sistema de salud o los del IVA a costear la educación? Pues eso ocurre, hasta ahora, con la Seguridad Social: las cotizaciones sociales -un impuesto sobre el trabajo- se destinan exclusivamente al pago de las pensiones. En su naturaleza finalista reside precisamente el quid del creciente desequilibrio de esa pareja de baile: los ingresos por cotizaciones se recuperan por la creación de empleo, pero el gasto en pensiones aumenta a mayor ritmo. El déficit del sistema superó el año pasado los 18.000 millones de euros. Y esquilmado el fondo de reserva, hay que cubrirlo con deuda.

El viejo modelo está en crisis. Peor aún: está en quiebra, porque la Seguridad Social tiene un patrimonio negativo desde finales del 2016. Y en tal tesitura solo percibo tres salidas a medio plazo: la mala, la menos mala y la buena sin llegar a óptima. Las dos primeras implican sendas reformas del sistema, la tercera un cambio de modelo.

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La más indeseable consiste en propinar un tajo a las pensiones, como en su día tuvieron que hacer Irlanda, Portugal o Grecia. Aquí nos libramos, como recuerda Octavio Granado, ex secretario de Estado de la Seguridad Social, porque echamos mano de unos ahorrillos de 70.000 millones para pagar las extras a los pensionistas. Pero ya solo queda calderilla en la hucha.

La segunda pasa por parchear el sistema e ir tirando. Como cada maestro -y cada partido, y cada sindicato- tiene su librillo, en este capítulo incluyo la pléyade de propuestas que brotan por doquier. Que la reducción de cotizaciones, tarifas planas y demás políticas activas de empleo, roedores de los ingresos del sistema, corran a cargo del Estado. Que la base máxima de cotización -actualmente 3.642 euros- no tenga tope. Que se aumenten las cotizaciones de empresas y trabajadores. Que las pensiones de viudedad y orfandad, además de las no contributivas, sean expulsadas del sistema y abonadas con impuestos. Que se establezcan impuestos específicos -fórmula Pedro Sánchez- para cubrir el déficit.

¿Y si, en vez de remendar el sistema, lo cambiamos? ¿Qué le impide al Estado asumir las pensiones públicas como su principal política social y sostenerlas con impuestos generales, incluyendo entre ellos las cotizaciones sociales? ¿Acaso no fue este el camino seguido por la sanidad pública, que nació en España como un seguro social vinculado a la cotización del trabajador, antes de convertirse en un derecho ciudadano universal? Quede ahí esa propuesta, situada en las antípodas de la formulada por Pedro Sánchez, a quien habrá que reconocerle al menos su papel de badajo en la campana que toca a rebato.

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