Feijoo y Caballero se declaran la guerra con sendas comisiones de investigación

Lo que empezó siendo una maniobra de distracción que situaba de un lado al PP gallego, con Núñez Feijoo al frente, y del otro al Concello de Vigo, capitaneado por Abel Caballero, va camino de convertirse en una auténtica guerra entre el Gobierno gallego y la ciudad más poblada de la comunidad, que tiene como telón de fondo el accidente ocurrido en el puerto de Vigo al desplomarse una plataforma durante el festival de O Marisquiño, dejando una estela de 467 heridos. Los populares facilitaron ayer con una abstención técnica que el Parlamento abra una investigación sobre las causas del siniestro, en contra de la opinión del PSOE, y los socialistas vigueses replicaron enseguida alentando la apertura de otra investigación para indagar en la relación de Feijoo con el narco Marcial Dorado y en el extravío de los contratos de la Xunta con sus empresas que se custodiaban en Vigo.

Fueron los grupos de En Marea y el BNG los que llevaron al pazo de O Hórreo la propuesta conjunta para escrutar lo ocurrido en O Marisquiño. «O Parlamento ten o deber de investigar», defendió Luís Villares, portavoz de En Marea, que tildó de lamentable el «cruce de reproches de malos gobernantes» que se intercambiaron los dirigentes del PP y el PSOE desde el pasado 12 de agosto. En lo mismo incidió Ana Pontón, portavoz del Bloque: «Un feito tan importante foi obxecto de mofa por parte da Xunta, do Concello e da Autoridade Portuaria».

El socialista Abel Losada reprochó a En Marea y BNG que apelen a la «autonomía local» cuando se habla de Ferrol, A Coruña, Santiago o Pontevedra, donde gobiernan, mientras en Vigo defienden que se le pueda hacer oposición al Concello desde el Parlamento de Galicia. Pero fue en el PP donde puso el foco, sabedor de que la investigación dependía del voto del grupo mayoritario. Es por ello que acusó a los populares de «facer campaña política de maneira indigna» a costa de un accidente grave.

En cambio, los populares tiraron para adelante. La diputada Teresa Egerique denunció el «carpetazo absoluto» de Abel Caballero a hablar de este asunto, e incluso puso por delante que su primera opción era que se abriera una investigación en Vigo.

«Non nos gusta facer comisións de investigación sub iudice», matizó Egerique que, sin embargo, hizo prevalecer el derecho a esclarecer lo ocurrido, facilitando con la abstención que la investigación se abra camino, eso sí, con muchas dificultades, pues nace avalada por 20 diputados, solo el 26 % de la Cámara. 

La réplica desde Vigo fue casi inmediata, pues el PSOE confirmó que investigará los tratos de Feijoo con Dorado y la desaparición de los contratos del Sergas con el narcotraficante que se custodiaban en un centro en Vigo, informa Luis C. Llera. También plantean investigar el «sobrecoste» del concierto de The Pretenders firmado por Marea Atlántica en A Coruña, al duplicar el precio de la actuación en Vigo.

Otros acuerdos

Más presupuesto contra la violencia machista. El Parlamento votó por unanimidad un acuerdo, negociado sobre un texto de Noa Presas (BNG), para ampliar el presupuesto dirigido a fomentar la política de igualdad y a combatir la violencia machista.

Sin acuerdo en la reivindicación de más pediatras. El PP le cortó el paso a una iniciativa del PSOE, pactada con el resto de la oposición, para pedirle a la Xunta que haga sus deberes para contratar más pediatras.

El proyecto de la mina de Touro, «inviable». El PP rechazó una iniciativa de En Marea con varias exigencias sobre la mina de Touro-O Pino, si bien consideró el proyecto «inviable».

Acuerdo a dos bandas para reorientar la política forestal

Los grupos de PP y PSdeG, que representan el 73 % del Parlamento gallego, unieron ayer sus votos para aprobar el dictamen de la comisión de estudio de política forestal y prevención de incendios forestales, que contiene un total de 123 recomendaciones para mejorar la gestión de las masas forestales, perfeccionar la planificación del territorio rural o impulsar las limpiezas preventivas y agrupar tierras abandonadas.

Así cerró ayer sus trabajos el órgano parlamentario creado a raíz de la ola incendiaria de octubre del 2017, que arrasó 50.000 hectáreas provocando cuatro muertos. «É un ditame plural que vai máis aló da política de extinción», manifestó el diputado popular José González, en tanto el portavoz del PSdeG, Fernández Leiceaga, defendió las recomendaciones como propias arguyendo que «poñen en valor» muchas de las medidas novedosas impulsadas por el Gobierno bipartito tras los incendios del 2006, reconociendo así el trabajo realizado por el entonces conselleiro de Medio Rural, Suárez Canal, que pertenecía al BNG.

Los nacionalistas del Bloque guardaron silencio ante esa reivindicación y mantuvieron su voto particular hasta el final, al igual que hizo En Marea. Ambos votaron en contra del texto pactado entre PP y PSOE, pues consideran que está falto de ambición, no recupera las Unidades de Xestión Forestal (Uxfor) como fueron concebidas, no mejora la política de extinción, ni pone coto a la proliferación de las plantaciones de eucalipto.

El Gobierno gallego reclamará 200.000 euros en gastos por el accidente en el puerto vigués

El Gobierno de la Xunta decidió personarse en la causa abierta por el accidente de O Marisquiño en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo para intentar recuperar el coste de la atención sanitaria facilitada a los 467 heridos en el siniestro, que ronda los 200.000 euros. Así lo expuso ayer el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la comparecencia ofrecida a petición propia en el Parlamento para discutir sobre el dispositivo de emergencias montado en Vigo tras el accidente.

Tras expresar su solidaridad con las víctimas, Rueda puso en valor la «actuación impecable» de los efectivos sanitarios, que sumaron en torno a un millar de profesionales, así como los refuerzos asignados al juzgado que está investigando el caso. Enunció que desde la primera llamada recibida en el 112, a las 23.55 horas del 12 de agosto, se avisó en menos de dos minutos a la Guardia Civil, Autoridad Portuaria, Policía Nacional, 061 y otros equipos de emergencias.

Contrapuso lo anterior con el papel desempeñado por el Concello de Vigo, del que dijo que «non activou o plan de emerxencia municipal», algo que ligó, más tarde, con que tampoco se solicitaran medios de la Axencia Galega de Emerxencias.

El PSOE insistió en sus reproches al PP y a la Xunta de que está convirtiendo este asunto en un motivo para hacer «electoralismo» de cara a las municipales.

El PP pone a pelear a sus potenciales rivales

No es el PP el que pidió la comisión de O Marisquiño. «Son os seus socios na Deputación de Pontevedra os que queren investigar», le soltó la diputada del PP Teresa Egerique al socialista Abel Losada, con ánimo de generar una crisis en el Ejecutivo PSOE-BNG que sostiene a Carmela Silva. 

Y ahí reside el principal efecto político que puede tener la nueva comisión parlamentaria, si llega a ver la luz, que sin ser un instrumento solicitado por el PP puede serle muy útil, en la antesala de las elecciones municipales, para enfrentar entre sí a sus potenciales adversarios políticos, que, a priori, parecen condenados a entenderse si quieren gobernar. 

De hecho, el PSOE sostuvo los gobiernos y los presupuestos de las mareas en Ferrol, Santiago y A Coruña, del mismo modo que gobierna con el BNG las diputaciones de A Coruña y Pontevedra.

Favores que los aliados del resto de la izquierda le devuelven al PSOE chequeando la gestión de Abel Caballero en el Parlamento gallego. Es toda una afrenta para los socialistas, en tanto el PP encarga palomitas confiado en que va a disfrutar con el espectáculo.