Los conflictos de competencias complican el mantenimiento de infraestructuras gallegas

El grave accidente ocurrido durante el concierto de clausura de O Marisquiño, en Vigo, evidenció que hay zonas de sombra en la gestión del mantenimiento de infraestructuras, en las que la competencia se sitúa en tierra de nadie o en la indefinición. El caso vigués demostró que es preciso establecer los límites de las competencias para que las administraciones se hagan responsables, sin matices, de los bienes públicos que tienen a su cargo. Esta situación confusa respecto a distintos espacios urbanos o infraestructuras se da en ciudades como A Coruña, Ferrol o Lugo, o en lugares fronterizos como el puente de Catoira. 

a coruña

Numerosos conflictos con el Puerto. El Ayuntamiento de A Coruña tiene un buen número de conflictos abiertos con el Puerto de A Coruña, que se han enconado en este mandato. La Autoridad Portuaria ha reclamado 1,6 millones de euros en los juzgados al Ayuntamiento por la reurbanización de la zona del Parrote, además le exige otros 3,2 por la reforma de la Marina. El Ayuntamiento reclama por su parte la titularidad de esos espacios, en los que el Ayuntamiento se negó a hacer tareas de mantenimiento durante meses en este mandato pese a ser de uso público.

Ambas instituciones difieren además en la estrategia a seguir para determinar el diseño de los muelles interiores de la ciudad, que quedarán sin usos portuarios al entrar en funcionamiento punta Langosteira. El Puerto había firmado con la Xunta y el anterior Gobierno central un protocolo para blindar la titularidad pública del complejo deportivo de La Solana y los muelles de Batería y Calvo Sotelo, además de primar la titularidad pública en el de San Diego. Los terrenos se administrarían mediante una empresa pública. El documento también preveía que el Gobierno central pagase la totalidad de la obra del enlace ferroviario con punta Langosteira. El gobierno local de A Coruña rechaza ese protocolo, ya que no participó en su elaboración, y exige la creación de un consorcio entre administraciones para administrar los terrenos.

ferrol

Sin proyectos para la herencia militar. La falta de acuerdo entre Gobierno central y el Concello de Ferrol mantiene paralizado el convenio de Defensa, mediante el que se pretendía desafectar una serie de espacios muy relevantes para la ciudad, que pasarían a manos municipales. Un buen puñado de instalaciones militares ferrolanas se encuentran en situación agónica. Entre otros inmuebles, cabe destacar por su ubicación y superficie el cuartel Sánchez Aguilera (hoy en manos de los okupas) y, en toda la zona rural, las baterías costeras. Recientemente, el Ministerio de Defensa culpó al Concello de impedir una nueva negociación del convenio para saldar todos los flecos administrativos relativos a la importante herencia militar de la ciudad naval. Pero no parece que estos asuntos, pendientes desde hace tiempo, vayan a resolverse antes de las próximas elecciones municipales. En paralelo, hay otro conflicto abierto con el ADIF a causa del pésimo estado de la pasarela peatonal entre el Ensanche A y el barrio de Santa Mariña.

Lugo

Un puente que hizo Fomento y que nadie revisa. El nuevo puente sobre el río Miño, inaugurado en el 2011 por José Blanco cuando era ministro de Fomento, lleva desde esa fecha sin pasar las preceptivas revisiones. Se trata de una infraestructura de muy reciente creación, por lo que la falta de mantenimiento por el conflicto respecto a la titularidad del puente no debería ser preocupante por el momento. El problema es que si no se clarifica quién es la administración responsable de este paso elevado -el Ayuntamiento de Lugo o el Ministerio de Fomento- el paso del tiempo y la falta de inspecciones podrían generar situaciones de riesgo. Ya en la actualidad se perciben signos de deterioro en elementos del puente, y los documentos relativos al mantenimiento recomiendan chequeos específicos para los cables que sostienen parte del tablero. En principio, el protocolo firmado por el Concello lucense y Fomento hace recaer la titularidad en la administración municipal, que debería asumir también la responsabilidad respecto a la conservación del paso elevado sobre el río Miño.

catoira

Un puente en la frontera de dos provincias del que nadie se hace cargo. El puente peatonal y para tráfico rodado de Catoira está en el límite entre las provincias de A Coruña y Pontevedra, por lo que la gestión de su conservación y mantenimiento recaería en las dos diputaciones provinciales. Esta responsabilidad compartida solo ha redundado en el abandono del puente, que se encuentra en muy mal estado. Tanto los concellos afectados (Catoira y Rianxo) como las instituciones provinciales piden que el paso elevado tenga un gestor único y que sea la Xunta la que asuma la titularidad.

Información con aportaciones de Xosé V. Gago, Chema Corral, Xosé Carreira y Rosa Estévez.