La indemnización del casero al inquilino por no renovar el alquiler ascendería a 15.500 euros de media
Economía
La medida, que el Gobierno debe convalidar en el Congreso, tiene pocos visos de salir adelante por el rechazo del PNV
21 Oct 2026. Actualizado a las 13:42 h.
Los propietarios que no prorroguen los contratos de alquiler tendrían que indemnizar a sus inquilinos con unos 15.500 euros de media si el real decreto ley que el Gobierno aprobó a inicios de este mes es ratificado por la Diputación Permanente del Congreso, algo que previsiblemente no pasará por el rechazo ya anunciado del PNV a la medida. Esta compensación que los caseros deberán desembolsar para desocupar la vivienda equivale en la primera renovación a 73 días de renta por año de residencia, frente a los 33 del despido improcedente. Son cálculos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que avisa de que los decretos mejoran la posición de los inquilinos que ya tienen contrato, pero «a costa de los propietarios actuales y de quienes buscan vivienda», y provocarán una reducción de la oferta en un mercado en el que ya hay un déficit de 750.000 casas.
El Gobierno aprobó a principios de octubre dos paquetes de medidas para facilitar el acceso al alquiler, entre ellos, una penalización a los propietarios que no extiendan el arrendamiento a sus inquilinos una vez venza el contrato, que actualmente tiene una duración mínima de cinco años si el casero es una personas física y de siete si quien arrienda es una persona jurídica. Tras ello, el decreto de alquileres indefinidos recoge una prórroga automática por el mismo período —frente a la actual, que es anual y de hasta un máximo de tres años—, salvo que alguna de las partes notifique a la otra su voluntad de no continuar.
Los propietarios solo estarán exentos de pagar esta indemnización si necesitan la vivienda para ellos mismos —siempre que sean personas físicas— o para sus familiares. También podrán recuperar el piso sin coste si el inquilino no lo ha habitado durante más de seis de los doce meses anteriores, si este dispone de otra vivienda adecuada en el mismo municipio, si las partes firman un nuevo contrato o si el inquilino rechaza una oferta de nuevo contrato por al menos cinco años con una renta sujeta a la ley, que la limita a la del contrato anterior actualizada de forma anual por el dato de inflación o el nuevo índice de referencia.
Casi la totalidad de las viviendas en alquiler (90 %) pertenecen a personas físicas, por lo que esta medida recaerá en su mayor parte sobre los pequeños patrimonios familiares y en muy poca proporción en las personas jurídicas y los grandes tenedores, según Fedea. En este marco, es más que probable que los propietarios intenten trasladar en la renta inicial de los nuevos contratos el coste de la indemnización, lo que encarecerá aún más los precios del alquiler. Además, esta medida creará un sesgo a la hora de elegir inquilinos, ya que se priorizarán aquellos que tengan una alta probabilidad de marcharse, como los jóvenes, frente a las familias, que se verán discriminadas en el acceso al alquiler.
La trampa de las bonificaciones
El Gobierno también planteó incentivos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) por bajar el alquiler y penalizaciones por subirlo. Los propietarios ya cuentan con bonificaciones por las rentas de arrendamiento que perciben si el piso se destina a vivienda habitual. Con la nueva regulación, quedaría exento hasta el 100 % de lo ingresado si rebajan más de un 5 % el precio en los nuevos contratos y un 50 % si lo mantienen, pero la ventaja fiscal se puede reducir hasta un 15 % si se sube el coste de la vivienda un 20 % o más.
Estos «escalones» supondrán en la práctica que el propietario tenga que subir la renta por encima del 12,8 % si no quiere verse penalizado por el castigo fiscal.
En general, a casi la mitad de ellos solo les compensará subir el alquiler más de un 25,5 % al introducir esta penalización. En el sentido contrario, reducir un 6 % el precio del alquiler elevaría la renta neta del casero hasta un 4,9 % frente a mantenerla congelada.
La consecuencia esperable es una acumulación de contratos en la congelación exacta y en rebajas algo superiores al 5 %, lo que reducirá las rentas de los nuevos contratos de arrendadores existentes, pero a costa de una pérdida recaudatoria no cuantificada, de una enorme complejidad de gestión y de un incentivo adicional a la informalidad, ya que la reducción se pierde si los rendimientos no se declaran.
Los expertos de Fedea avisan de que, en términos generales, los decretos no actúan sobre el verdadero «cuello de botella» que es la producción de suelo a pesar del déficit acumulado de vivienda, con una creación de 240.000 hogares netos frente a las 92.000 viviendas terminadas. Para corregir esta situación, plantean sustituir los decretos en la próxima legislatura por una ley ordinaria con memoria de impacto económico que separe las medidas de oferta de las modificaciones contractuales.