La Voz de Galicia

El juez autoriza la venta de Clesa, pero advierte al comprador de la deuda pendiente

Economía

Christian casares pontevedra / la voz

La cooperativa Acolact tiene 30 días para formalizar la adquisición de la planta

18 May 2012. Actualizado a las 07:00 h.

Despejada la venta de la planta de Clesa en Caldas de Reis a la cooperativa Acolact. Un auto del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha autorizado finalmente la venta de la factoría al grupo integrado por Feiraco y otras nueve cooperativas lácteas.

La decisión judicial abre el camino definitivo para que la operación se pueda cerrar ya. La compra se mantenía en el aire al haberla recurrido la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) por la deuda de las cotizaciones de la plantilla que no habían sido satisfechas por parte de los anteriores propietarios, la familia Ruiz-Mateos.

En concreto, cuestionaba el apartado número ocho de la resolución dictada el 15 de febrero por el juez del Mercantil número 6 de Madrid, Francisco Javier Vaquer Martín, donde se decía textualmente que «el adquiriente no responderá de las deudas contraídas por la sociedad concursada frente a la Tesorería General de la Seguridad Social». Unas deudas que fuentes del sector lácteo sitúan en unos dos millones de euros.

Ahora, en su nuevo y definitivo auto, el juez ya no exime al comprador del pago de la deuda con la Seguridad Social. Tampoco le obliga a hacer frente a ella. Le previene de que futuros procesos podrían obligarle a asumirla. Y le da al grupo liderado por Feiraco 30 días para hacer firme la compra o desistir de la misma.

La operación tiene un coste para Acolact de 10,2 millones de euros, que incluye las hipotecas que pesan sobre la planta. Un montante al que los compradores no pueden sumar otros dos millones de la TGSS, algo que haría inviable reflotar la producción y asumir el compromiso de reintegrar a la plantilla. Fuentes consultadas por La Voz apuntaron ayer que existen negociaciones tanto del inversor como de la Xunta con el Gobierno para evitar que, en procesos futuros, los compradores tengan que asumir esa deuda de dos millones con la TGSS.


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