El implicado, supuestamente, se coló por una verja para hacer pasar al resto de los activistas encapuchados
30 nov 2016 . Actualizado a las 12:50 h.Un sindicalista de la CIG, J.C.R.O., que, supuestamente, participaba en un piquete de la huelga del metal ha sido juzgado hoy en la sala de lo penal número 1 de Vigo. La empresa denunciante pide tres años de cárcel pero la Fiscalía propone la absolución, entre otras cosas porque el asunto ya ha prescrito pasados siete años de los hechos.
Los activistas actuaron en una empresa que trabajaba a puerta cerrada en un polígono de la avenida de Madrid el 7 de mayo del 2009. Un grupo numeroso de encapuchados levantó la verja de la entrada de la nave industrial y el sospechoso se coló por debajo para acceder al interior y abrirle al resto del piquete. Fue el único que pasó dentro. El responsable de la nave dijo en el juicio que identificó al sospechoso, que iba cubierto con un pañuelo, por un vídeo grabado por las cámaras de seguridad. También abrió las puertas de la oficina para increpar a los empleados que trabajaban a puerta cerrada.
El empresario estimó los daños en 2.108 euros.
La principal prueba de cargo contra el acusado es su propia confesión y el hecho de que se hubiese cortado en una mano con un cristal durante su intervención. Dejó un rastro de sangre en los cristales de la empresa y esa lesión le obligó a pedir una ambulancia para ser atendido, lo que permitió a al policía identificarlo rápidamente.
Según el encargado de la nave, «él mismo dijo que fue él». El juicio tardó siete años y medio de celebrarse porque se suspendió hasta cuatro veces.
Al juicio acudieron una decena de simpatizantes para apoyar al encausado.
La acusación particular dice que el empresario reconoció perfectamente en el juicio al acusado como el hombre que estaba en la ambulancia. Reclama tres años de cárcel.
La Fiscalía pide la absolución porque no ve acreditadas las pruebas del delito de coacciones a los trabajadores para ir a la huelga porque la empresa no trajo al juicio a ningún testigo no que hubiese un pacto entre el acusado y el resto de los alborotadores. También aprecia varias contradicciones en la versión de la empresa. Además, cree que estos hechos ya han prescrito.