El gobierno local se niega a cambiar los tribunales de las oposiciones municipales

Juan Manuel Fuentes Galán
juanma fuentes VIGO / LA VOZ

VIGO

Hace unas semanas la jefa de Personal cuestionó la legalidad de las pruebas y aludió al riesgo de su anulación

02 dic 2011 . Actualizado a las 11:21 h.

El gobierno municipal ha decidido dar carpetazo a la reclamación contra los tribunales de oposiciones municipales presentada hace algunas semanas por el sindicato Comisiones Obreras. Sin darle la menor publicidad, la junta de gobierno local decidía el pasado día 9 de noviembre «denegar a solicitude» de que se anule la composición de algunos tribunales. Estos órganos de selección, en tu terminología oficial, seguirán adelante para concluir las oposiciones de la oferta de empleo público del año 2008.

Los responsables municipales disponen de informes técnicos que dan validez a su decisión, aunque con seguridad el asunto terminará dirimiéndose en los tribunales ya que CC OO lo ha denunciado por esta vía.

De acuerdo con los informes municipales, los miembros de los tribunales tienen al menos la misma titulación que los opositores y no existe representación sindicales en las oposiciones. Insiste en que de estar presente algún delegado «a participación resulta sempre a título individual, manifestándose igualmente que non se ten constancia de nomeamentos irregulares nos órganos de selección».

Se da la circunstancia de que tras las primeras denuncias delegados sindicales de SICO (Sindicato Independiente del Concello) y UGT, que conforman la mayoría del comité, decidieron renunciar a formar parte de los tribunales de las oposiciones. Esta renuncia para intentar salvar la legalidad de las oposiciones es reconocida en un informe jurídico que sugiere que es la única vía para evitar que el proceso encalle.

No hace falta bucear mucho en el acuerdo adoptado ahora por el Concello para deducir que si no hubieran mediado denuncias previas no se habrían producido las dimisiones. Una vez ejecutadas, ténicos del Concello establecen que «os novos vogais nomeados» cumplen en su totalidad el principio de especialidad técnica exigida en las bases. En concreto, en lo relativo a titulación y experiencia. Igualmente, que los nuevos delegados no ostentan la condición de delegado sindical. Obviamente, esa situación de encaje con la legalidad no se producía anteriormente, como casi de facto se reconoce en dicho informe jurídico.

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Mucho más complicado estaba el proceso antes de las dimisiones y la renovación de los tribunales de oposiciones para cubrir 159 puestos tras las denuncias judiciales y ante el Valedor do Pobo. Así lo reconocía la jefa de Recursos Humanos del Concello a comienzos de octubre, antes de que se materializara la renovación de los tribunales.

Ante el hecho de que la ley vete la presencia de delegados sindicales en los tribunales asumía que «existe unha duda xurídica ao respecto», lo que solo podría ocurrir cuando participen en el tribunal a título individual y dispongan de la titulación o cualificación técnica correspondiente.

Sin embargo, se constató que delegados sindicales sin carné de camión estaban llamados a juzgar pruebas de chófer de vehículos o sindicalistas sin preparación en materia informática iban a evaluar las pruebas en este campo. A mayores, se daba la circunstancia de que la presencia de delegados sindicales era masiva y alguno acumulaba su participación hasta en nueve tribunales. Antes de que el asunto trascendiera y comenzaran las denuncias los filtros municipales para el cumplimiento de la legalidad no habían puesto objecciones a estos tribunales.

Por ello en aquel momento la técnica municipal advertía al alcalde de que «existe o risco de que o procedemento remate con sentenza xudicial anulatoria», lo que tendría consecuencias «sumamente desfavorables para a Administración municipal e terceiros».

Pese a haber comenzado de esta manera tan viciada, una vez dimitidos los delegados sindicales el gobierno local ha optado por seguir adelante pese a la polémica generada. Falta por saber el resultado de las investigaciones externas en marcha.

El gobierno local cambió los tribunales para dejar fuera a los sindicalistas

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