El alcalde da a conocer los ingresos fijos y elude hablar de las dietas
11 may 2011 . Actualizado a las 13:03 h.«Sí, sí, hola, uno, dos, tres, cuatro, probando». Tras la prueba de los micrófonos al más puro estilo tradicional todo parecía apuntar el inicio de un baile vermú en la praza do Rei. Buena utilidad para un espacio tan insulso, esgrimía un curioso.
Pero no, el motivo de la prueba no era otro que la intervención de Caballero a las puertas de su feudo al no poder hablar en el interior por tratarse de un acto electoral.
Junto a un atril colocado para la ocasión el alcalde inició su discurso: «A candidatura ao Concello de Vigo que eu encabezo quere poñer de manifesto un elemento moi relevante en calqueira competición democrática: as declaracións de bens e actividades».
Acto seguido dio a conocer su sueldo como alcalde, de 76.647 euros brutos, sin hacer la más mínima mención al resto de los ingresos por dietas y participación en organismos como el consejo de administración del Puerto y de Zona Franca.
Gastos
Más reacio se ha mostrado el alcalde a desvelar cuánto dinero público se ha gastado en el reparto de miles de cojines, carteles, músicos, plantas y demás material publicitario. Al parecer, eso para el político ponteareano no es relevante ni democrático.
En su actuación en la praza do Rei anunció que daría a conocer «quen somos, como chegamos e como rematamos». Sin embargo, al final se olvidó de facilitar esa comparativa entre los ingresos de hace cuatro años y los de ahora. Por el contrario, se dio a conocer algo que ya se sabía, que la concejala de Vías y Obras, Isaura Abelairas, cobra brutos 71.336 euros del Concello y 24.900 de la Diputación, aunque no se dijo la fecha en la que se hizo con su nueva vivienda.
Reglamentos de quita y pon
El actual reglamento del Concello de Vigo insta a los concejales a hacer público su patrimonio. Con estas palabras el alcalde invitaba al PP y BNG a hacer lo propio. Al que no se refirió Caballero fue a otro reglamento, el de participación ciudadana que le obliga a permitir la intervención en el pleno de los colectivos que lo soliciten con anterioridad, como era el caso de las limpiadoras.