Puerto Seco Cien días encerrados, cien días ignorados

Comienza el 101. Hoy vuelve a amanecer y el plan es el mismo: encerrarse en la casa consistorial. Los afectados por el puerto seco siguen con su protesta en Salvaterra, tal y como acordaron en noviembre del año pasado. Hasta que no cobren por los recursos mineros de sus terrenos, no se marcharán. «Se fan falta outros cen, irán. Ou doscentos ou trescentos. Non nos imos cansar», recuerdan los vecinos, entre tardes de televisión y cartas. La paciencia juega a su favor, son cerca de 500 y se turnan. «Mañana, tarde y noche, como si fuera Citroën».

Puertas adentro, toda la vida. Botellas de vino, de agua, refrescos, un jamón, colchones, mantas, una aspiradora... Menos las potas de la cocina, casi de todo. «Nos cambiamos a las dos, así se puede comer en casa caliente, aunque algunas veces alguno trae bocadillo». Aunque el ánimo no falta, el disgusto tampoco. Alguno empieza a hacer cuentas hasta la decisión del Tribunal Supremo, última instancia a la que ha recurrido la Xunta de Galicia, Zona Franca y Autoridad Portuaria, y no se salen las cuentas. «A este paso non vou chegar a cobrar».

Mientras se les acumulan las sentencias favorables del Tribunal Superior de Xustiza, ellos prosiguen con su calendario: cacerolada los jueves en Salvaterra y los viernes en As Neves, aparición en todos los actos posibles en la provincia de los conselleiros y manifestaciones de cuando en cuando.

Informes favorables

Coincidiendo con el aniversario, la directiva de la plataforma de afectados dio a conocer que el acuerdo del bipartito por el que se les entregaban los más de siete millones de euros contaba con los informes favorables de la asesoría jurídica y la intervención.

Los promotores habían rechazado en su momento la existencia de estos documentos, hecho que retrasó la toma de una decisión durante meses. Esto motivó que se encargar un informe externo, aunque finalmente decidieron recurrir al Tribunal Supremo.

«Queda claro que a vista dos documentos, a decisión de esperar a firmeza das sentencias xa fora tomada de facto fai seis meses, e sen informes», recuerdan los implicados. Los mismos vuelven a incidir en que no se tramitó el expediente de anulación para que el convenio con el bipartito no sea efectivo. Por eso el Tribunal Superior de Xustiza ha admitido a trámite un contencioso exigiendo que se cumpla el acuerdo. En él se reconocía el pago de 7,7 millones de euros, sin contar los intereses acumulados en todos estos meses de demora.