La Fiscalía ha dado orden de seguir algunos cambios que se habrían producido en el planeamiento de Baiona
16 nov 2008 . Actualizado a las 02:00 h.Lo dijo precisamente en Vigo la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado: «Ojo con la crisis, que puede hacer resurgir los pelotazos urbanísticos y la corrupción». Y el fiscal jefe de Galicia, Carlos Varela, no ha hecho más que recoger el guante. Tres de cada cuatro actuaciones judiciales relacionadas con el urbanismo en Galicia se producen en la provincia de Pontevedra, según acaba de poner de manifiesto con su memoria anual. El jefe autonómico del ministerio público apunta incluso de una manera concreta a las recalificaciones como el principal generador de delitos a la sombra del ladrillo en las obras de la provincia, por lo que toda modificación ha pasado a contar con el calificativo de presunta sospechosa.
Los beneficios que los cambios sobrevenidos suelen deparar en las citadas recalificaciones o modificaciones del planeamiento cuando se está redactando, están de hecho motivando gran parte de las investigaciones urbanísticas que están llevando a cabo la policía judicial y el Seprona en la provincia.
La última en engrosar la lista tiene al Val Miñor de nuevo en el punto de mira. Pero si primero fue Nigrán y después le siguió Gondomar, ahora el turno del seguimiento exhaustivo es para Baiona. Todos los planos, documentos y expedientes que forman el avance del plan están siendo analizados hasta el más mínimo detalle para comprobar si han sufrido alguna alteración o cambios por el camino desde que fue aprobado. Algunos conciudadanos de la villa marinera mantienen que hay cosas y ámbitos que han mutado. Por ello, la fiscalía se ha puesto manos a la obra para ver si es o no cierto y quién puede haber hecho los cambios, si es que se han producido.
Mientras, en Gondomar, el ex alcalde Carlos Silva y cinco de sus concejales en el pasado mandato se enfrentarán desde mañana a 18 meses de cárcel por haber cometido presuntamente un delito de prevaricación al haber concedido licencias de construcción a costa de un plan general suspendido por la Justicia. El actual alcalde, el nacionalista Antonio Araúxo, advierte en todo caso de que el «plan corrupto», como él le llama, tiene vida propia gracias a los intentos de reactivarlo por parte del PSOE y el PP.
Y mientras las investigaciones prosiguen y se extienden, el juicio por el caso desatado hace casi dos años también en Gondomar todavía no ve la luz, ni de lejos. Los juristas implicados en la defensa de los acusados auguran penas bajas, e incluso alguna absolución por falta de pruebas. Las autoinculpaciones de la noche de las detenciones y también de la entrega del dinero, se apuntan al fruto de la presión y el nerviosismo, el mismo que Elena Salgado confesó sufrir cuando advirtió de los efectos perversos de la crisis, curiosamente los mismos que cuando el ladrillo cabalga a lomos de la bonanza económica.