Se perseguirá por ley a las páginas de Internet que se lucren económicamente por el intercambio ilegal de archivos.
08 ene 2010 . Actualizado a las 21:14 h.Un juez podrá decidir en cuatro días si cierra un sitio web como medida cautelar. El Gobierno ha optado, a última hora, por introducir modificaciones sustanciales en el procedimiento de bloqueo de páginas de descargas de archivos sujetos a derechos de autor, como películas, canciones o videojuegos. La medida más novedosa es la rapidez y agilidad con que se dotará a un juez de la potestad de decidir el cierre de una web denunciada en el plazo más breve posible. Además, el procedimiento no tendrá un mero rango de reglamento, sino que se elaborará una ley para perseguir a los sitios de Internet que se lucren económicamente por el intercambio ilegal de archivos.
Al entrar en colisión dos derechos fundamentales -los de libertad de expresión e información y de propiedad intelectual y ante la dificultad de ubicar en qué lugar del territorio se encuentran las páginas web susceptibles de ser denunciadas, la potestad de decidir su cierre cautelar o no recaerá en los titulares de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Así lo anunció este viernes, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el titular del departamento de Justicia, Francisco Caamaño, quien precisó que el Gobierno ha optado por aprobar un proyecto de ley complementario al de la ley de Economía Sostenible (LEC) para abordar este controvertido asunto.
El procedimiento
De esta forma, el Gabinete ha dado luz verde a la disposición final de la LEC y aprobado el procedimiento mixto administrativo-judicial que posibilitará bloquear páginas web que permitan descargas ilegales de archivos mediante una denuncia previa ante la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, una entidad que depende del Ministerio de Cultura y está integrada por expertos en protección intelectual e Internet y ex magistrados.
Así, en una primera fase, la mencionada comisión podrá recibir quejas de los ciudadanos o entidades -una productora cinematográfica, una discográfica o el mismo autor de una canción- e investigar si se producen «actos lesivos» contra la propiedad intelectual en el entorno digital. Es decir, si la página denunciada está comercializando, almacenando o enlazando sin autorización un archivo suyo, bien sea un videojuego, un álbum musical o una película.
Acto seguido, la comisión decidirá en cada caso si está infringiendo este derecho y lo notificará, en su caso, al responsable de cada sitio web. Los sitiosnfracción persiste, la comisión solicitará al juez de la Audiencia Nacional el bloqueo o cierre de manera cautelar.
En este momento procesal, será el magistrado quien convocará a las partes y resolverá por auto, en un plazo máximo de cuatro días, la medida procedente acerca de si se puede adoptar o no el cierre de acceso a la página denunciada, precisó Caamaño. El proceso estará basado, por tanto, en la «agilidad, eficacia y las máximas garantías, que es lo mejor que se puede hacer para armonizar los derechos fundamentales que están en juego», subrayó el ministro de Justicia.
Modificaciones
Caamaño precisó que para poner en marcha estos nuevos mecanismos con intervención judicial será necesario modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y se creará un nuevo apartado en el artículo 122 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, «que es donde se regula el procedimiento de protección de los derechos fundamentales de los españoles».
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, resaltó que el Ejecutivo ha optado por introducir algunas modificaciones para establecer un «procedimiento judicializado». «El Gobierno ha trabajado siempre con el espíritu de armonizar derechos e intereses vinculados a la red y a la propiedad intelectual, y especialmente en el terreno de la creación audiovisual, sin vacíos legales y sin indefensión», dijo. Caamaño, de su lado, resaltó que el procedimiento descansa «sobre una pieza clave, que es la autorización judicial previa para poder adoptar medidas de bloqueo respecto de páginas web que afecten a alguno de los derechos en conflicto».
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, puso este viernes énfasis en la rapidez del proceso y su idoneidad, porque, argumentó, «necesitamos un equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y los que viven y trabajan de la cultura, que supone el 4,2% del PIB y genera decenas de miles de empleos». «Se trata -dijo de un sistema mixto en el que la Administración y la Justicia tienen cada uno su papel y que da la última palabra a los jueces.
Es una propuesta muy equilibrada porque permite a la Administración actuar contra quienes se enriquecen ilegalmente y perjudican a las obras de otros».
Según González-Sinde, «se trata de erradicar las prácticas ilegales de empresas y páginas web, que se lucran y benefician con la explotación de las obras ajenas», si bien resaltó que «ningún usuario debe estar preocupado o molesto» ante estas medidas.